El Senado provincial avanza con un proyecto para proteger a hogares en situación de vulnerabilidad socioeconómica ante deudas por servicios esenciales. La iniciativa contempla la suspensión de cortes de luz y agua, planes de pago y una protección especial durante el invierno.
El Senado de Salta continúa analizando un proyecto de ley que busca impedir los cortes de energía eléctrica y agua potable a familias en situación de vulnerabilidad socioeconómica, en un contexto de creciente morosidad y mayor peso de las tarifas sobre los ingresos de los hogares.
La Comisión de Legislación General, del Trabajo y Régimen Previsional mantuvo una reunión con autoridades del Ente Regulador de los Servicios Públicos (ENRESP) para avanzar con la ronda de consultas sobre la iniciativa. Anteriormente, los legisladores habían recibido a representantes de EDESA.
El proyecto propone prohibir en todo el territorio provincial el corte del suministro, el retiro de conexiones domiciliarias y de medidores de energía eléctrica y agua potable a usuarios residenciales que se encuentren en situación de vulnerabilidad.
Además, establece la suspensión temporal de ejecuciones judiciales por deudas de servicios y un período de protección especial durante los meses de invierno, entre mayo y septiembre.
Las empresas prestatarias también deberán ofrecer alternativas de financiación de al menos seis cuotas, con la tasa pasiva del Banco Nación. La iniciativa contempla, además, un esquema prioritario para comedores comunitarios, merenderos y centros de jubilados.
Las tarifas tienen mayor peso sobre los ingresos
Durante el encuentro, el presidente del ENRESP, Carlos Saravia, expuso un diagnóstico sobre la situación tarifaria en la provincia. Según detalló, Salta cuenta con alrededor de 345 mil usuarios residenciales y 38 mil no residenciales.
Saravia señaló que, de acuerdo con estudios técnicos de la Universidad de Buenos Aires, los servicios esenciales pasaron de representar entre el 6% y el 10% de los ingresos de los hogares a alcanzar alrededor del 15%, situación que contribuyó al incremento de la morosidad.
El funcionario también indicó que existen más de 30 mil familias con conexiones irregulares y consideró necesario definir con precisión qué usuarios quedarían alcanzados por la futura ley para evitar afectar la estabilidad operativa y contractual del sistema.
En cuanto a los mecanismos de asistencia actualmente vigentes, informó que la tarifa de Zonas Cálidas alcanza a 106 mil familias de tres departamentos del norte provincial y que existe la posibilidad de extenderla a ocho departamentos, con una cobertura de hasta 150 mil hogares. A esto se suman 28 mil subsidios destinados a sectores carenciados y el bono eléctrico para jubilados.
El costo de la energía aumentó por encima de la distribución
El titular del organismo recordó que en Salta existe una normativa que impide que los incrementos tarifarios provinciales superen la inflación.
En ese sentido, precisó que durante 2026 el componente correspondiente a la distribución provincial de energía aumentó 17,1%, mientras que el costo del abastecimiento mayorista fijado por Nación —correspondiente a la compra de energía a CAMMESA— subió 36,7%.
En el caso del agua, la revisión tarifaria de Aguas del Norte estableció un incremento del 47,7% para 2026, frente al 70,5% solicitado inicialmente por la empresa.
“Muchos hogares hoy no llegan a fin de mes”
Durante la reunión, los senadores también plantearon distintas problemáticas de sus departamentos, entre ellas las interrupciones del suministro durante el verano en el norte provincial, el costo del agua en parcelas rurales y la situación de los paneles solares utilizados en parajes aislados.
Al finalizar el encuentro, el senador Luciano Elvira, autor de la iniciativa, sostuvo que el proyecto pretende responder a la situación económica que atraviesan numerosas familias salteñas.
“Muchos hogares hoy no llegan a fin de mes y se ven forzados a elegir entre comprar alimentos y medicamentos o pagar la boleta de luz y agua”, afirmó.
El proyecto todavía se encuentra en etapa de análisis y consultas. Los legisladores buscan incorporar aportes técnicos antes de avanzar con una normativa que garantice la continuidad de los servicios esenciales para los sectores más afectados por las dificultades económicas.
