Dr. Sergio Aguilera
La propuesta y eventual designación de jueces para un Máximo Tribunal provincial no puede reducirse a un trámite administrativo ni a un simple cálculo de mayorías. Se trata, por el contrario, de una decisión de enorme trascendencia institucional que exige, como condición indispensable, el cumplimiento estricto de valores éticos por parte de quienes ejercerán la magistratura, tanto en su vida privada como en sus conductas dentro de la función pública.
La función judicial no es un cargo más: es el pilar sobre el que se sostienen la paz social y la convivencia democrática.
La confianza pública que demanda el ejercicio de la judicatura no se construye únicamente con títulos académicos ni con una carrera dentro del Poder Judicial. La muestra está a la vista: hay cortesanos que nunca litigaron. Esa confianza se edifica, ante todo, sobre principios éticos que orientan y legitiman el poder de juzgar. En la ética judicial suelen reconocerse tres principios rectores: independencia, imparcialidad y motivación.
Para el gobernador Gustavo Sáenz se impone una pregunta inevitable: ¿pueden los jueces propuestos honrar la moralidad republicana consagrada en las Constituciones? El interrogante se vuelve aún más inquietante cuando los postulados son, en la actualidad, funcionarios del propio Gobierno provincial, designados previamente por el Poder Ejecutivo.
Esa circunstancia no es menor ni puede relativizarse: genera una duda razonable y fundada sobre la real independencia, imparcialidad y motivación de las decisiones que eventualmente adopten desde el máximo tribunal de justicia.
Esta desconfianza no es caprichosa ni responde a prejuicios personales. Basta observar la actuación de la Corte de Justicia de Salta en los últimos años, con fallos que fueron revocados por la Corte Suprema de Justicia de la Nación y que evidenciaron un desempeño incompatible con los estándares mínimos de independencia e imparcialidad.
Esos episodios no solo dañaron causas concretas, sino que además profundizaron el desprestigio institucional del Poder Judicial, frente a un deterioro que ya resulta imposible de ocultar.
La mala imagen de la Justicia —en Salta y en todo el país— no es fruto de campañas maliciosas ni de ataques temerarios. Es consecuencia directa de una sucesión de errores, omisiones y decisiones que dejaron al descubierto el incumplimiento de la moralidad republicana y de los valores éticos que deberían guiar la función jurisdiccional.
Para los ciudadanos de Salta sería deseable que quienes aspiran a integrar la Corte de Justicia se constituyan en verdaderos defensores de la ética judicial y de la república. Sin embargo, la experiencia histórica de los salteños, y en particular de quienes ejercen la abogacía, reduce esa expectativa a una probabilidad mínima. Aun así, queda la esperanza —tal vez ingenua— de que alguna vez la realidad nos obligue a admitir que estábamos equivocados.
En este contexto, el Poder Ejecutivo propuso a Martín Plaza y Martín Diez Villa para completar la integración de la Corte de Justicia de Salta, tras la finalización de los mandatos de Ernesto Samson y Guillermo Catalano. Los pliegos ya ingresaron al Senado y se abre ahora una etapa de análisis público y legislativo de antecedentes. No obstante, dada la mayoría oficialista, se estima que ambos serán finalmente oficializados.
La pregunta de fondo persiste: ¿se trata de una oportunidad para fortalecer la independencia judicial o de una nueva deuda institucional que vuelve a repetirse?
Dr. Sergio Aguilera
Abogado
