La represión contra jubilados frente al Congreso no es un exceso ni un error operativo: es una decisión política. Es el Estado golpeando a quienes trabajaron toda su vida y hoy son tratados como enemigos. Lo que vimos no es nuevo, pero sí más brutal. Ya lo vivimos en los años del menemismo, cuando el ajuste se aplicaba a palazos y con gas.
Las fuerzas que avanzaron sobre los manifestantes responden a la ministra de Seguridad Alejandra Monteoliva, subordinada directa de Patricia Bullrich, ejecutora serial de una política represiva que el país conoce demasiado bien. Cambian los gobiernos, pero la doctrina es la misma: criminalizar la protesta social.
Cerca de las 16 horas, cuando la jornada de protesta llegaba a su cierre, decenas de efectivos de Infantería montaron un operativo de encierro sobre la intersección de Avenida Callao y Mitre. Armaron un tapón, restringieron la libre circulación y comenzaron a avanzar con escudos. Minutos después, sin provocación alguna, lanzaron gas lacrimógeno y descargaron bastonazos. Al menos una persona resultó herida por los efectos del gas en el rostro y la vista, según registros audiovisuales.
El reclamo era simple y legítimo: una jubilación digna que alcance para vivir.
El castigo fue la represión.
Ese mismo escenario será, en pocas semanas, el centro del rechazo a una reforma laboral de corte esclavizante. Y no hay que engañarse: la respuesta oficial será la misma. Con una diferencia clave y alarmante: esta vez la represión no será solo en el Congreso, será en todo el país.
El mensaje del Gobierno es claro: ajuste para el pueblo, violencia para el que protesta, beneficios para los de siempre. Golpean a los jubilados hoy para disciplinar a los trabajadores mañana.
Pero la historia también enseña algo: cada vez que avanzaron con palos y gases fue porque le tuvieron miedo a la calle.
Y la calle, más temprano que tarde, vuelve a hablar
