La secretaria de Energía, María Tettamanti, defendió en el Congreso el proyecto oficial que busca beneficiar a las distribuidoras eléctricas privadas con un esquema de alivio de deuda, mientras avanza el recorte de subsidios y beneficios tarifarios para millones de usuarios.
Según datos enviados por la Jefatura de Gabinete, las empresas acumulan una deuda de USD 1.842 millones con Cammesa. El 69% de ese monto está concentrado en Edenor, Edesur y el Grupo DESA.
El proyecto permitiría descontar parte de esas deudas a cambio de que las compañías renuncien a futuros juicios contra el Estado por supuestos “activos regulatorios”.
La iniciativa ya había sido rechazada en el fallido Presupuesto 2026 y vuelve a generar polémica: mientras las familias afrontan aumentos y pierden beneficios tarifarios, el Gobierno analiza aliviar las obligaciones de empresas que durante años obtuvieron ganancias millonarias y fueron cuestionadas por la mala calidad del servicio.
La discusión también despierta sospechas por el rol de funcionarios cercanos a empresarios del sector energético y por el impacto que la medida podría tener sobre las cuentas públicas y los usuarios.
