A propósito de una nota de Nolberto Guerra.
El polémico Decreto 618/2026, referido a la gestión del cobro de deudas de las obras sociales con los hospitales públicos, genera interrogantes sobre el manejo de miles de millones de pesos y la posible intervención de un gestor privado.
La normativa no fue firmada por el gobernador Gustavo Sáenz, sino por el vicegobernador Antonio Marocco y el ministro de Salud, Federico Mangione.
INCAPACIDAD DE GESTIÓN: La medida plantea un interrogante fundamental: ¿por qué el Estado provincial necesita recurrir a un particular para recuperar las acreencias que le corresponden? Desde una mirada crítica, esta decisión puede interpretarse como un reconocimiento de las dificultades de la administración pública para cumplir una función que debería estar bajo su responsabilidad.
UN MECANISMO A MEDIDA: Otro de los cuestionamientos apunta a la posible participación de un privado en la elaboración de los pliegos. Esta situación, de confirmarse, abriría interrogantes sobre la transparencia del procedimiento, las condiciones de contratación y las garantías de igualdad entre los posibles oferentes.
RESPONSABILIDAD POLÍTICA: Aunque el decreto no lleva la firma de Gustavo Sáenz, resulta necesario esclarecer el alcance de la responsabilidad política del Gobierno provincial. La ausencia del gobernador por su viaje a Europa no elimina la necesidad de explicar los fundamentos de la medida ni las decisiones adoptadas por los funcionarios firmantes.
En definitiva, el Decreto 618/2026 plantea una discusión que va más allá de un procedimiento administrativo: ¿es necesario recurrir a la gestión privada para recuperar recursos públicos o corresponde fortalecer los mecanismos estatales de recaudación y control?
La administración de los fondos públicos exige transparencia, responsabilidad institucional y mecanismos efectivos de fiscalización. Cualquier decisión que involucre recursos destinados al sistema de salud debe estar debidamente fundamentada y sometida a los controles correspondientes.
