La Secretaría de Energía lanzó una licitación nacional e internacional para que un operador privado reemplace al Estado en la compra y comercialización de Gas Natural Licuado desde la terminal de Escobar.
El Gobierno nacional oficializó un cambio profundo en la política energética: el Estado dejará de importar y comercializar Gas Natural Licuado (GNL) y transferirá toda la operatoria al sector privado. La medida fue establecida mediante la Resolución 33/2026 publicada en el Boletín Oficial y apunta a reducir la intervención estatal en el abastecimiento de gas durante los meses de mayor demanda.
La Secretaría de Energía convocó a una licitación pública nacional e internacional para seleccionar a un único operador que se encargue de importar el GNL, regasificarlo en la terminal de Escobar y distribuirlo en el mercado interno, con punto de entrega en Los Cardales. De esta manera, el comercializador privado reemplazará al Estado en toda la cadena operativa.
Desde el Ejecutivo señalaron que el nuevo esquema busca “mayor previsibilidad, eficiencia y transparencia”, ya que la provisión se resolverá por competencia y con reglas claras. La adjudicación se definirá según el menor adicional en dólares por MMBTU sobre el marcador europeo TTF, que deberán ofrecer las empresas interesadas para cubrir los costos logísticos y operativos.
El proceso incluye una etapa de precalificación para evaluar la solvencia técnica y financiera de los oferentes. Además, el operador seleccionado deberá coordinar la programación de buques, la gestión de inventarios y el uso de la unidad flotante de regasificación, evitando superposiciones en una infraestructura que requiere administración unificada.
La capacidad total de la terminal estará asignada para el período invernal, del 1 de abril al 30 de septiembre de 2026, mientras que el contrato tendrá una duración inicial de un año desde su firma, con posibilidad de optimizar el uso fuera de la temporada alta. La ejecución de la licitación quedará a cargo de ENARSA, bajo las bases que establezca la autoridad de aplicación.
Con esta decisión, el Gobierno avanza en un modelo donde la importación y comercialización de GNL queda completamente privatizada, en línea con su estrategia de desregulación y reducción del rol estatal en sectores clave de la economía energética.
