El caso del Grupo Albanesi y su deuda con el Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS) de la ANSES obliga a formular una pregunta: ¿estamos frente a una gigantesca maniobra financiera que terminó trasladando el riesgo al Estado?
Generación Mediterránea, empresa perteneciente al grupo, atravesaba una grave crisis financiera y avanzaba hacia una reestructuración de deuda cercana a los US$1.500 millones, mientras el FGS continuaba expuesto a sus obligaciones negociables. Y estamos hablando de fondos destinados a respaldar el sistema previsional.
Frente a esta situación surgen varios interrogantes: ¿quién autorizó esas inversiones? ¿Quién evaluó el riesgo? ¿Cuánto dinero comprometió el FGS? ¿Cuánto valen hoy esos títulos? ¿Cuánto se perdió y cuánto podrá recuperarse? Y, sobre todo, ¿por qué se mantuvo esa exposición cuando la situación financiera de la empresa ya era crítica?
Si existió información ocultada, decisiones negligentes, conflictos de intereses o una transferencia deliberada de pérdidas hacia el Estado, el problema no sería simplemente una mala inversión: podríamos estar ante un escándalo financiero de enorme magnitud. Por eso, corresponde investigar si existieron irregularidades o eventuales delitos y determinar las responsabilidades hasta las últimas consecuencias.
Es necesaria una investigación institucional que permita esclarecer lo ocurrido. La ANSES y el FGS deben explicar públicamente las operaciones realizadas y las condiciones en las que se concretaron. Asimismo, los organismos de control competentes deberían revisar las decisiones adoptadas y, si surgieran indicios de posibles delitos, corresponderá la intervención de la Justicia.
Los jubilados no pueden ser quienes paguen los platos rotos de negocios privados. Si alguien obtuvo beneficios, que se conozca. Si se perdió dinero público, que se explique cómo y por qué. Y si existió alguna maniobra ilegal, que los responsables respondan ante la Justicia.
La plata de los jubilados no puede convertirse en un salvavidas para empresarios.
