El proyecto de Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada será tratado el próximo jueves en la Cámara alta. La iniciativa propone acelerar los desalojos, endurecer las condiciones para las expropiaciones, modificar la Ley de Tierras y avanzar en la digitalización de los registros inmobiliarios.
El Senado de la Nación se prepara para debatir el próximo jueves uno de los proyectos más importantes de la agenda legislativa del gobierno de Javier Milei: la Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada. La iniciativa, que atravesó más de una decena de modificaciones desde que obtuvo dictamen en mayo, busca introducir cambios de fondo en la legislación vinculada al derecho de propiedad y promete un intenso debate político.
Uno de los ejes centrales del proyecto apunta a reformar el régimen de expropiaciones. La propuesta establece que toda declaración de utilidad pública deberá estar debidamente fundamentada y cumplir con criterios de necesidad, proporcionalidad e idoneidad. Además, dispone que el Estado no podrá tomar posesión de un inmueble sin haber abonado previamente la indemnización correspondiente al propietario.
La iniciativa también modifica el sistema de compensaciones económicas. Entre los cambios previstos, incorpora la posibilidad de reconocer el lucro cesante cuando pueda acreditarse objetivamente, establece que la valuación del bien deberá realizarse antes de cualquier anuncio oficial de expropiación y prevé la actualización de la indemnización hasta el momento del pago efectivo.
Otro de los aspectos más relevantes es la reforma de los procesos de desalojo. El texto propone convertirlos en trámites sumarísimos para agilizar la restitución de inmuebles ocupados de manera irregular. Asimismo, amplía las facultades de la Justicia para ejecutar los lanzamientos y permite solicitar el auxilio de las fuerzas de seguridad cuando resulte necesario.
No obstante, la versión que llegará al recinto incorpora una cláusula de protección para personas en situación de vulnerabilidad. En los casos en que existan menores de edad, personas con discapacidad o adultos mayores, el juez deberá dar intervención a los organismos competentes para coordinar soluciones habitacionales transitorias, sin que ello implique suspender el proceso de desalojo.
La iniciativa también propone cambios en la Ley de Tierras Rurales. Si bien mantiene la prohibición para que Estados extranjeros adquieran tierras en el país, flexibiliza varias de las restricciones vigentes para otros compradores extranjeros e incorpora mecanismos de aprobación por silencio administrativo cuando las autoridades no se expidan dentro de los plazos establecidos.
En materia de regularización dominial, el proyecto modifica la denominada Ley Pierri, al exigir una posesión pacífica, continua y ostensible durante diez años para acceder al beneficio. Además, limita su aplicación a viviendas únicas y permanentes, aunque contempla excepciones para agricultores familiares.
Otro de los puntos que genera expectativas es la reforma de la Ley de Manejo del Fuego, ya que elimina algunas restricciones incorporadas en los últimos años sobre el uso de tierras afectadas por incendios, un aspecto que ya despertó cuestionamientos de sectores ambientalistas.
La propuesta se completa con una modernización del sistema registral, mediante la digitalización de los Registros de la Propiedad Inmueble, la implementación de firma digital, la creación de una Red Federal de Publicidad de Inhibiciones y una Ventanilla Única Federal Inmobiliaria para simplificar los trámites.
Desde el oficialismo sostienen que la reforma busca brindar mayor seguridad jurídica, fortalecer el derecho de propiedad y generar condiciones más favorables para las inversiones. En cambio, distintos sectores de la oposición anticiparon cuestionamientos, especialmente por los cambios en los desalojos, la flexibilización de la compra de tierras rurales por extranjeros y las modificaciones al régimen de manejo del fuego.
El tratamiento del proyecto permitirá medir el nivel de respaldo político que logró reunir el Gobierno tras varias semanas de negociaciones con los bloques dialoguistas en la Cámara alta.
