Javier Milei montó en Tucumán un escenario de soberanía declamada mientras, al mismo tiempo, negocia la dependencia económica con el Fondo Monetario Internacional (FMI), Estados Unidos y los grandes grupos económicos.
Con una imagen pública en retroceso, un creciente malestar social y cuestionamientos que alcanzan a distintos sectores del Gobierno, el proyecto libertario atraviesa uno de sus momentos políticos más complejos. En ese contexto, sus críticos sostienen que el oficialismo se mantiene gracias al respaldo de sectores del sistema político tradicional y del poder económico.
Desde esa perspectiva, el acto realizado en Tucumán fue presentado como una demostración de unidad institucional, aunque para sus detractores constituyó una reunión de dirigentes subordinados a intereses económicos ajenos a las necesidades del país.
La crítica apunta también al rol de los gobernadores que participaron del encuentro. Según esta visión, detrás de cada decisión política pesan los intereses de las empresas vinculadas a Vaca Muerta, la explotación del litio, el complejo agroexportador y los grandes contratistas del Estado.
Bajo esa lectura, las provincias terminan condicionadas por compromisos políticos y económicos que priorizan acuerdos de poder antes que los intereses de sus ciudadanos, profundizando un modelo que, según sus cuestionamientos, consolida la dependencia y limita la autonomía en la toma de decisiones.
