En Salta, la política acaba de cruzar una línea peligrosa. No es un hecho menor ni una polémica más: es un escándalo que desnuda lo peor de una dirigencia que confunde el Estado con un escritorio de negocios.
Flavia Royón no tiene antecedentes.
No por brillante, sino por escandalosa. Funcionaria de dos gobiernos opuestos —de Alberto Fernández a Javier Milei—, logró lo que ningún dirigente en la historia reciente: aterrizar en la provincia y ser premiada, primero con una diputación y luego, en tiempo récord, con una banca en el Senado de la Nación. Sin construcción política real. Sin territorio. Sin legitimidad profunda.
Un ascenso exprés… que hoy huele a negocio.
Porque, mientras escalaba en el poder, también tejía vínculos con empresas del sector que debía controlar. La denuncia presentada por la Asociación Argentina de Abogados y Abogadas Ambientalistas, impulsada por el abogado Enrique Viale, no deja lugar a dudas: se investiga si Royón incurrió en negociaciones incompatibles, tráfico de influencias y hasta cohecho.
Traducido al lenguaje criollo: posible uso del cargo público para beneficiar intereses privados.
Lo más grave no es solo el pasado. Es el presente.
Como senadora, Royón votó a favor de modificar la Ley de Glaciares, una norma clave para proteger el agua y los recursos estratégicos del país. Lo hizo cuando ya existían cuestionamientos por sus vínculos con consultoras mineras.
¿Puede alguien con intereses en el sector votar sobre ese mismo sector? ¿Puede decidir sobre el agua alguien que responde, directa o indirectamente, a quienes buscan explotarla?
La respuesta es obvia. Pero en la política salteña parece que todo vale. El cuadro se completa con otro dato alarmante: la posible falta de presentación de su declaración jurada patrimonial. En cualquier democracia seria, eso sería motivo suficiente para exigir explicaciones urgentes. Aquí, en cambio, reina el silencio.
Silencio del poder. Silencio cómplice.
Porque Royón no llegó sola. Llegó de la mano de un sistema político que la impulsó, la protegió y hoy la sostiene. Un sistema que convirtió la representación en un trámite y los cargos en moneda de cambio.
Esto ya no es una discusión ideológica. Es una cuestión ética.
¿A quién representa Royón? ¿A los salteños o a las mineras? La denuncia avanza. La sombra de la nulidad sobre la votación en el Senado crece. Y la credibilidad de la política cae en picada.
Pero lo más grave es otra cosa: cuando el Estado se mezcla con los negocios, la democracia deja de ser del pueblo… y pasa a ser de unos pocos. Y eso, en Salta, ya no se puede disimular.
