A propósito del reciente fallo del Tribunal de Apelaciones del Segundo Circuito de Estados Unidos, que revocó la condena contra la Argentina por la estatización de YPF, volvió a encenderse la disputa política. Mientras el gobierno de Javier Milei intenta capitalizar la decisión como un logro propio, desde la oposición recuerdan que el proceso judicial lleva más de una década y que su origen, desarrollo y estrategia de defensa no le pertenecen.
Cristina Fernández de Kirchner defendió la expropiación de YPF como un acto soberano ajustado a la Constitución, y subrayó que la recuperación de la petrolera fue clave para el desarrollo de Vaca Muerta y el actual equilibrio energético. En la misma línea, el gobernador Axel Kicillof sostuvo que el fallo confirma que los reclamos de los fondos especulativos eran infundados y cuestionó el intento oficial de apropiarse del resultado.
El punto central del conflicto sigue siendo jurídico: si el Estado debía someterse a normas societarias o si prevalece el interés público en decisiones soberanas. Esa discusión fue sostenida por los abogados del Estado desde el inicio del juicio, mucho antes de la llegada del actual gobierno.
Sin embargo, Milei eligió el camino de la confrontación política, adjudicándose el resultado y atacando a quienes llevaron adelante la estatización. Pero los hechos son claros: el fallo no nace de su gestión, sino de una estrategia judicial construida durante años.
En definitiva, más que un triunfo propio, el Gobierno parece intentar ponerse un “mameluco” ajeno: el de una causa que ya estaba en marcha y cuya resolución responde a una larga disputa legal, no a un giro reciente de la política exterior.
