Mediante un DNU, el Ejecutivo avanza en un esquema que habilita el espionaje interno, debilita los controles democráticos y pone en riesgo las libertades públicas.
Lo que está en marcha es una deriva abiertamente autoritaria. Entre gallos y medianoche, el Gobierno impuso por decreto de necesidad y urgencia un esquema propio de regímenes dictatoriales: espionaje político legalizado, persecución a opositores y periodistas, y detenciones arbitrarias amparadas en una noción de “flagrancia” tan ambigua como peligrosa.
El DNU amplía de manera significativa las facultades de la Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE), declarando gran parte de sus acciones como “encubiertas”. En la práctica, esto implica la eliminación de controles judiciales y parlamentarios efectivos, dejando amplios márgenes para el abuso de poder y la vigilancia interna sin garantías legales.
No hay urgencia que justifique este decreto. Lo que existe es una decisión política deliberada de concentrar poder y avanzar sobre derechos fundamentales. No se trata de seguridad: se trata de control social.
La historia argentina ofrece suficientes ejemplos de los riesgos que conlleva otorgar poderes extraordinarios a los organismos de inteligencia. La falta de límites institucionales no fortalece la democracia; la erosiona.
Defender el sistema democrático hoy exige algo más que declaraciones. Requiere organización, movilización ciudadana y la anulación inmediata de este DNU en el Congreso de la Nación. Las libertades democráticas no se negocian.
