Delegaciones de distintas universidades realizaron una sentada en el Palacio Pizzurno para reclamar la aplicación de la Ley de Financiamiento Universitario, mejoras en las becas y mayores recursos para el sistema educativo.
Cientos de estudiantes universitarios se movilizaron este miércoles hasta la sede de la Secretaría de Educación de la Nación, ubicada en el Palacio Pizzurno, en la Ciudad de Buenos Aires, para reclamar el cumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario y una mayor asignación de recursos para las universidades públicas.
La manifestación comenzó en el exterior del edificio y posteriormente se trasladó al interior, donde los estudiantes realizaron una sentada. Durante el ingreso se registraron forcejeos con efectivos de la Policía Federal y personal de seguridad privada.
De la protesta participaron delegaciones de la Universidad de Buenos Aires (UBA), la Universidad Nacional de La Plata, la Universidad Nacional de San Martín, la Universidad Nacional de Quilmes y la Universidad Nacional de las Artes.
Entre los principales reclamos se encuentran la implementación de la Ley de Financiamiento Universitario, la actualización de las Becas Progresar, la recomposición salarial de los trabajadores universitarios y mejoras en comedores, residencias estudiantiles y políticas de salud mental.
Los manifestantes también exigieron respuestas del secretario de Educación, Carlos Torrendell, y advirtieron que mantendrían la medida hasta obtener una respuesta de las autoridades.
Un fallo judicial en medio del conflicto
La protesta se produjo un día después de que el juez federal en lo contencioso administrativo Martín Cormick declarara inconstitucional el decreto mediante el cual el Gobierno nacional había intentado limitar la aplicación de la Ley de Financiamiento Universitario, según la información difundida.
La resolución judicial sumó un nuevo capítulo al conflicto entre el Gobierno y la comunidad universitaria por los recursos destinados al funcionamiento de las instituciones públicas.
En este contexto, las organizaciones estudiantiles mantienen sus reclamos por el financiamiento educativo y las condiciones de estudio, mientras continúa la discusión sobre la aplicación de la normativa aprobada por el Congreso.
