El vocero presidencial Adrián Ravier sostuvo que la norma se encuentra “interrumpida, no incumplida”. La Justicia ordenó avanzar con su aplicación, pero el Ejecutivo apeló la resolución y mantiene su postura sobre la necesidad de garantizar los recursos presupuestarios.
El Gobierno nacional volvió a defender su posición frente al reclamo de las universidades públicas por la aplicación de la Ley de Financiamiento Universitario. El vocero presidencial, Adrián Ravier, aseguró que la normativa “está interrumpida, no incumplida”, en medio de una disputa judicial por la asignación de los fondos destinados al sistema universitario.
La controversia gira en torno a la Ley 27.795, aprobada por el Congreso, que establece recursos para el funcionamiento de las universidades nacionales, la recomposición salarial de docentes y no docentes y el sostenimiento de las becas estudiantiles.
Desde el Ejecutivo sostienen que su implementación requiere identificar las fuentes de financiamiento y disponer de las partidas presupuestarias correspondientes, bajo el argumento de preservar el equilibrio fiscal.
La Justicia ordenó avanzar con el cumplimiento
El conflicto sumó un nuevo capítulo el pasado 6 de octubre, cuando el juez federal Martín Cormick declaró inconstitucional la cláusula del Decreto 759/2025 que había suspendido la ejecución de la ley y ordenó al Gobierno avanzar con su aplicación.
Sin embargo, el Ejecutivo apeló la sentencia y, el 9 de octubre, la Justicia concedió el recurso. Pese a ello, se mantuvo vigente una medida cautelar que exige avanzar con la recomposición de los salarios universitarios y las becas estudiantiles.
De esta manera, la disputa continúa abierta entre el Gobierno nacional, que condiciona la aplicación de la norma a la disponibilidad presupuestaria, y las universidades públicas, que reclaman el cumplimiento de los recursos establecidos por ley.
El conflicto también alcanza a Salta
La situación repercute en las universidades nacionales de todo el país, incluida la Universidad Nacional de Salta (UNSa), que forma parte del sistema de educación superior alcanzado por la normativa.
El debate se desarrolla en un contexto de reclamos por la recuperación del poder adquisitivo de los salarios docentes y no docentes, el financiamiento de las actividades académicas y los recursos necesarios para sostener el funcionamiento de las instituciones.
Mientras continúa el proceso judicial, la aplicación de la Ley de Financiamiento Universitario permanece en el centro de la discusión entre el Poder Ejecutivo y la comunidad universitaria.
