El Gobierno de Javier Milei vuelve a poner sobre la mesa una pregunta incómoda: ¿quién paga la crisis y quién recibe los beneficios?
Mientras millones de argentinos soportan el ajuste, la caída del consumo y una presión creciente sobre sus ingresos, la Cámara de Diputados avanza con una nueva versión de la llamada “Inocencia Fiscal”, que amplía los beneficios del régimen simplificado incluso a grandes patrimonios y contribuyentes de elevados ingresos.
No se trata de un hecho aislado. La regularización de activos, el REIBP, el RIGI y ahora la denominada “Inocencia Fiscal II” configuran un rumbo que parece ofrecer cada vez más facilidades al gran capital, mientras se reducen los controles y las capacidades del Estado para perseguir la evasión y la elusión fiscal.
La pregunta es inevitable: ¿hasta dónde llegan los compromisos del Gobierno con los grandes capitales? ¿Se trata de una estrategia económica o de favores que algún día habrá que devolver?
En un país donde trabajadores, jubilados y sectores populares cumplen con sus obligaciones, resulta difícil explicar por qué quienes poseen mayores recursos parecen encontrar siempre una puerta de salida.
El proyecto fue aprobado en la Cámara de Diputados de la Nación con el acompañamiento de los siete diputados nacionales por Salta.
El debate no debería limitarse a la llamada “inocencia fiscal”. Debería centrarse en la justicia tributaria: que pague más quien más tiene y que ningún poderoso esté por encima de la ley.
Por Roberto Chuchuy
