El juez federal Sebastián Ramos libró un exhorto internacional a Washington para solicitar la extradición del presidente venezolano Nicolás Maduro, en el marco de una causa que investiga violaciones sistemáticas a los derechos humanos en Venezuela bajo el principio de justicia universal.
La Justicia argentina dio este martes un paso de fuerte impacto político y jurídico al avanzar en la causa que investiga presuntos crímenes de lesa humanidad cometidos por el régimen venezolano. El juez federal Sebastián Ramos, titular del Juzgado Criminal y Correccional Federal N.º 2, firmó un pedido formal de extradición de Nicolás Maduro a los Estados Unidos para que sea trasladado a la Argentina y preste declaración indagatoria.
La resolución, fechada el 4 de febrero de 2026, se basa en información judicial que indica que el mandatario venezolano habría sido detenido y trasladado bajo custodia a territorio norteamericano. Ante ese escenario, los tribunales de Comodoro Py activaron los mecanismos de cooperación internacional para garantizar su comparecencia ante la Justicia argentina.
En el escrito, Ramos ordenó librar un exhorto internacional a las autoridades estadounidenses solicitando la extradición de Maduro Moros, amparado en el Tratado de Extradición entre Argentina y Estados Unidos, vigente desde 1997. El objetivo es someterlo a proceso penal y cumplir con el llamado a declaración indagatoria dispuesto previamente por la Cámara Federal porteña.
Ese acto procesal había sido ordenado originalmente el 23 de septiembre de 2024 y ratificado el 15 de enero de 2026, lo que habilitó al juzgado a avanzar con medidas concretas para lograr la comparecencia del líder chavista.
Para agilizar el trámite, el magistrado dispuso la traducción urgente de toda la documentación y su canalización a través de la Dirección de Asistencia Jurídica Internacional del Ministerio de Relaciones Exteriores, organismo encargado de la cooperación judicial con otros países.
El principio de justicia universal
La causa se sustenta en el principio de justicia universal, que habilita a los Estados a investigar delitos como torturas, desapariciones forzadas, asesinatos y persecuciones políticas aun cuando hayan sido cometidos fuera de su territorio, siempre que en el país de origen no existan garantías judiciales reales.
En este expediente, la Justicia argentina consideró que en Venezuela no hay independencia judicial suficiente para investigar a los responsables, lo que permitiría la intervención de tribunales locales.
El proceso se inició a partir de denuncias presentadas por el Foro Argentino para la Democracia en la Región (FADER) y otras organizaciones, junto con testimonios de víctimas del régimen que lograron refugiarse en la Argentina. La querella sostiene que los crímenes fueron ejecutados a través de organismos de inteligencia como el SEBIN y la DGCIM.
Alertas internacionales
En la resolución, el juez Ramos también ordenó notificar a Interpol Argentina para ratificar la vigencia de las alertas internacionales que pesan sobre Maduro y otros altos funcionarios del gobierno venezolano, entre ellos Diosdado Cabello.
Asimismo, dispuso comunicar la medida al fiscal federal Carlos Stornelli y a las querellas unificadas, además de rechazar presentaciones de terceros que no cumplían con los requisitos formales.
Con el exhorto ya enviado, ahora la definición queda en manos de las autoridades estadounidenses, que deberán evaluar la viabilidad del pedido conforme al tratado bilateral. De prosperar, se abriría un proceso inédito para juzgar en la Argentina las denuncias por un presunto plan sistemático de represión en Venezuela.
