El Gobierno de Milei vuelve a posar su mirada más cruel sobre la discapacidad: no como un derecho a garantizar, sino como un gasto. Reacciona recién cuando la Justicia lo condiciona.
La reglamentación de la Ley de Emergencia Nacional en Discapacidad llega a último momento, forzada por un fallo judicial que deja al desnudo una práctica reiterada y despiadada: postergar, suspender o vaciar derechos de los sectores más vulnerables.
La ley, aprobada en julio de 2025, estuvo meses paralizada por una decisión indolente del gobierno de Javier Milei, que alegó falta de financiamiento. Ese argumento fue desestimado por el Juzgado Federal de Campana, que declaró inválido el decreto que frenaba su aplicación y ordenó implementarla de manera inmediata. Recién entonces, y contra reloj, el Ejecutivo reglamentó lo que nunca debió demorar.
Durante ese tiempo, miles de personas con discapacidad quedaron atrapadas en la incertidumbre: evaluaciones suspendidas, prestaciones en duda y un mensaje político devastador. El Estado les dijo, en los hechos, que su subsistencia era negociable.
La nueva reglamentación establece criterios de acceso, permanencia y control para un régimen de pensiones no contributivas. También centraliza la política de discapacidad en el Ministerio de Salud y anuncia auditorías y evaluaciones socioeconómicas.
La conversión “de oficio” de las pensiones existentes a un nuevo esquema y la promesa de controles periódicos despiertan una preocupación legítima: que, bajo el discurso de la eficiencia, se avance en recortes encubiertos o se multipliquen los obstáculos burocráticos para sostener un derecho básico.
Nada de esto hubiera ocurrido sin un fallo judicial. No hubo voluntad política previa, ni diálogo real con el sector, ni reconocimiento de la emergencia. Solo obediencia tardía a una sentencia. Ese es el dato más grave.
La emergencia en discapacidad no es un expediente que se archiva ni un costo que se ajusta. Es una responsabilidad del Estado que no admite demoras, excusas ni destratos.
Porque cuando los derechos llegan tarde, dejan de ser derechos. Y en una democracia, eso debería ser inaceptable.
