Los casos de las universidades nacionales de Tucumán y La Plata volvieron a poner en discusión la permanencia prolongada de autoridades, los mecanismos de sucesión y los reconocimientos dentro de las propias casas de estudio. El debate excede los nombres propios y alcanza a la calidad institucional del sistema universitario.
La universidad pública argentina vuelve a quedar atravesada por una discusión que va más allá de los problemas presupuestarios y académicos: cuánto poder pueden acumular sus autoridades y qué mecanismos existen para garantizar la alternancia, el pluralismo y el debate interno.
Dos situaciones recientes, ocurridas en las universidades nacionales de Tucumán y La Plata, expusieron cuestionamientos sobre la prolongación de autoridades en espacios de conducción y las prácticas que se desarrollan alrededor de esas estructuras de poder.
En Tucumán, Sergio Pagani buscó acceder a un tercer mandato como rector pese a las limitaciones establecidas por el estatuto universitario. La controversia llegó a la Justicia y, luego de una serie de decisiones judiciales, la Cámara Federal determinó que no podía presentarse nuevamente como candidato.
Tras la elección de una nueva conducción, surgió además la posibilidad de crear un cargo considerado “estratégico” para que sea ocupado por el rector saliente, una situación que volvió a generar interrogantes sobre la renovación efectiva de las autoridades.
El caso reabre una discusión de fondo: la alternancia no debería ser solamente una formalidad establecida en los estatutos, sino también una garantía frente a la concentración del poder dentro de las instituciones.
El caso de La Plata
La Universidad Nacional de La Plata también quedó en el centro del debate por la prolongada presencia de Fernando Tauber en los principales espacios de conducción.
La controversia adquirió otra dimensión a partir de una propuesta para incorporarlo a un histórico homenaje de la institución.
En 1942, durante el rectorado de Alfredo Palacios, la universidad impulsó el denominado Monumento a los Cinco Sabios, destinado a reconocer a Alejandro Korn, Florentino Ameghino, Carlos Spegazzini, Almafuerte y Juan Vucetich, figuras que dejaron una marca en la ciencia, el pensamiento y la cultura argentina.
Más de ocho décadas después surgió una iniciativa para ampliar esos reconocimientos e incorporar nuevos nombres. Entre los primeros propuestos aparecieron el cardiocirujano René Favaloro y el propio Tauber.
La nominación del rector fue impulsada por el secretario general de la Universidad y avanzó por dos comisiones del Consejo Superior. Sin embargo, la propuesta comenzó a generar cuestionamientos dentro del ámbito académico. Finalmente, Tauber desistió momentáneamente de la distinción al considerar que no era el momento para recibirla.
El episodio adquiere relevancia no solamente por el reconocimiento en sí mismo, sino por una pregunta institucional más amplia: ¿hasta qué punto resulta conveniente que una autoridad en ejercicio sea homenajeada por la misma estructura que conduce?
La discusión se profundiza porque Tauber ya había sido distinguido como doctor honoris causa por la propia Universidad Nacional de La Plata, situación que también alimentó cuestionamientos sobre los límites éticos de los reconocimientos concedidos dentro de una institución.
El poder dentro de las universidades
Los episodios de Tucumán y La Plata permiten mirar un problema que trasciende a ambas instituciones: el riesgo de que las universidades reproduzcan prácticas de personalismo, permanencia prolongada en los cargos y debilitamiento de la discusión interna.
Una universidad, por definición, debería ser un ámbito donde la diversidad de ideas, el pensamiento crítico y la posibilidad de disentir formen parte de su funcionamiento cotidiano. Cuando esos principios quedan subordinados a estructuras cerradas de poder, el problema deja de ser únicamente administrativo.
La discusión también ocurre mientras las universidades enfrentan desafíos mucho más profundos: mejorar sus tasas de egreso, responder a las transformaciones tecnológicas, adaptarse al avance de la inteligencia artificial, formar profesionales para nuevas demandas productivas y aportar respuestas frente a las dificultades que atraviesa el sistema educativo.
Por eso, defender la universidad pública no debería significar solamente reclamar los recursos necesarios para garantizar su funcionamiento. También supone exigir transparencia, alternancia, pluralismo y reglas institucionales capaces de impedir que los espacios académicos terminen organizándose alrededor de figuras individuales.
Las universidades están llamadas a formar ciudadanos críticos y producir conocimiento. Esa misión difícilmente pueda sostenerse si puertas adentro se debilita aquello que deberían promover hacia afuera: la libertad de pensamiento, el debate y la posibilidad de cuestionar al poder.
Fuente: columna “La universidad feudal: entre la perpetuación en el poder y el autohomenaje”, de Luciano Román, La Nación.
