El proyecto obtuvo dictamen favorable en comisión y busca extender la vigencia de la Ley 7.857, que vence el próximo 8 de septiembre. Autoridades advirtieron sobre el aumento de las denuncias, la demanda de asistencia y la reducción de áreas específicas en los municipios.
El Senado de Salta avanzó con el proyecto para prorrogar por dos años la Emergencia Pública en Materia Social por Violencia de Género, ante el próximo vencimiento de la normativa y el incremento de las denuncias y requerimientos de asistencia registrados en la provincia.
La iniciativa fue analizada por las comisiones de la Mujer, Género y Diversidad y de Legislación General, del Trabajo y Régimen Previsional, que emitieron dictámenes favorables. De esta manera, el proyecto quedó encaminado para su tratamiento en el recinto.
La actual emergencia, establecida mediante la Ley 7.857, vence el próximo 8 de septiembre. El proyecto impulsado por las senadoras Leonor Minetti y Alejandra Navarro propone extenderla durante otros dos años y faculta al Poder Ejecutivo provincial a disponer y reasignar partidas presupuestarias para sostener programas y servicios destinados a la prevención y atención de la violencia de género.
Durante el encuentro con los legisladores, representantes del Observatorio de Violencia contra las Mujeres señalaron que en 2025 las denuncias registradas por la Oficina de Violencia Familiar y de Género aumentaron casi un 93% respecto de 2016. Además, indicaron que cerca de tres de cada diez denuncias ingresadas al Sistema Único de Denuncias corresponden a situaciones de violencia familiar o de género.
Otro de los datos expuestos fue el número de femicidios: durante los primeros siete meses de 2026 se contabilizaron seis casos y en agosto la cifra ascendió a siete, igualando el total registrado durante todo 2025.
Desde la Dirección General de Políticas contra la Violencia por Razones de Género también advirtieron sobre un crecimiento de la demanda de asistencia. Según las proyecciones presentadas, en lo que va del año ya se alcanzó el 86% del total de asistencias realizadas durante 2025, mientras que los requerimientos judiciales superaron los registros del año anterior.
Las autoridades provinciales plantearon además la necesidad de sostener los dispositivos de asistencia legal y psicológica y reforzar la capacitación de las fuerzas de seguridad, al considerar que la Policía suele constituir el primer contacto de las víctimas ante una situación de emergencia.
Entre los programas actualmente en funcionamiento se encuentran «Aquí para vos», destinado a descentralizar la asistencia; «Caminando juntas», de acompañamiento psicológico; y «Tejiendo redes», orientado a formar operadoras sociocomunitarias para detectar y canalizar situaciones de riesgo.
Durante el análisis también surgió preocupación por la situación en el interior provincial. Desde el Observatorio señalaron que menos de la mitad de los municipios mantienen áreas específicas de género, debido a que varias fueron absorbidas por dependencias de Acción Social.
Ante este escenario, se propuso avanzar con un Sistema Provincial de Acompañamiento Integral que permita contar con referentes territoriales para asistir a las víctimas durante los procedimientos judiciales y sanitarios y garantizar un seguimiento posterior a la denuncia.
La subsecretaria de las Mujeres, Género y Diversidad, Julieta Valencia Donat, sostuvo que la continuidad de la emergencia resulta necesaria para respaldar las políticas provinciales de atención y prevención, especialmente ante la falta de envío de partidas nacionales destinadas al sector.
Con los dictámenes favorables de las comisiones, el proyecto quedó en condiciones de avanzar hacia su tratamiento legislativo antes del vencimiento de la emergencia vigente.
Fuente: Senado de la Provincia de Salta – Parte de Prensa, 2 de septiembre de 2026.
