El abogado Sergio Aguilera aseguró en El Cronista Salta que se estarían violando normas de ética pública al permitir que un funcionario ejerza cargos incompatibles. Apuntó contra el gobernador Gustavo Sáenz y advirtió sobre un incumplimiento deliberado de la ley.
El abogado Sergio Aguilera pasó por el programa El Cronista Salta y lanzó fuertes cuestionamientos al Ejecutivo provincial al denunciar presuntas incompatibilidades en el ejercicio de cargos públicos, en abierta contradicción con la legislación vigente.
Durante la entrevista, Aguilera explicó que el artículo 2 del decreto provincial 998/08, dictado durante la gestión del exgobernador Juan Manuel Urtubey, prohíbe de manera expresa que un funcionario del Ejecutivo integre o controle empresas prestadoras de servicios públicos del Estado. En ese marco, advirtió que la situación actual impulsada por el gobernador Gustavo Sáenz junto a Ignacio Jarsún violaría dicha normativa.
“El funcionario no puede elegir qué sueldo le conviene más. Debe optar por uno de los dos cargos”, sostuvo Aguilera, y remarcó que no es válido argumentar que una de las funciones se desempeñe ad honorem. “La ley prohíbe ejercer cargos incompatibles de manera simultánea”, afirmó.
El letrado recordó que estas incompatibilidades también están contempladas en la Ley de Ética Pública Nacional y en la Constitución de la provincia de Salta. “No se trata de una interpretación política, sino de una prohibición legal expresa”, señaló.
Aguilera fue especialmente crítico con el accionar del gobernador Sáenz, a quien acusó de forzar la interpretación de la ley para adecuarla a decisiones políticas. “Hace años que se intenta hacer decir a la ley lo que la voluntad del poder pretende”, indicó.
Asimismo, mencionó antecedentes dentro de la actual gestión provincial en los que se reconoció la existencia de incompatibilidades y se debieron tomar medidas para subsanarlas, lo que —según sostuvo— demuestra que el gobierno conoce perfectamente el marco legal vigente.
Finalmente, Aguilera advirtió que la persistencia de estas situaciones solo puede explicarse por un deficiente asesoramiento jurídico o por una decisión deliberada de incumplir la normativa. En ese sentido, señaló que su estudio jurídico viene denunciando desde hace tiempo irregularidades en decisiones adoptadas por funcionarios provinciales.
