Al cierre de cada trimestre, crece el temor entre los empleados públicos ante las constantes amenazas de despidos.
Desde diciembre de 2023, la Administración Pública Nacional se redujo de 341.473 a 299.576 puestos en enero de 2025, lo que significa una poda de 41.897 empleos. Esta medida, celebrada por el FMI, forma parte de un nuevo acuerdo que profundiza el ajuste.
El desempleo sigue en aumento en un país donde conseguir trabajo no es tarea fácil. Mientras tanto, el gobierno de Federico Sturzenegger implementó el Sistema de Evaluación Pública, por el cual ya pasaron 41.500 empleados, con un 98 % de aprobación.
Recortes y precarización
El ajuste no solo afecta los puestos de trabajo, sino también el poder adquisitivo de los salarios.
- Premio a los despidos: La Decisión Administrativa 7/2025 establece incentivos para los funcionarios que reduzcan la dotación de personal.
- Pérdida salarial: Según estimaciones de ATE-INDEC, en febrero el salario de un empleado testigo (Nivel D – Grado 0) sufrió una pérdida del 29 % de su poder de compra desde la asunción de Javier Milei. Para recuperar el poder adquisitivo de hace 10 años, se necesitaría un aumento del 103 %.
- Salarios congelados: Los aumentos de enero y febrero (1,5 % y 1,2 %, respectivamente) quedaron por debajo de la inflación. En marzo, directamente no hubo paritarias. Como referencia, en febrero, un trabajador de categoría intermedia (C0) con título universitario percibió $613.000, una cifra insuficiente para cubrir la canasta básica.
El avance del sector privado
El ajuste en el empleo público también abre la puerta a negocios privados. Un ejemplo es lo que ocurre en Parques Nacionales, donde los despidos están ligados a medidas de desregulación que permiten la explotación turística en áreas protegidas sin requisitos técnicos. Además, la falta de personal deja a los parques más expuestos a incendios forestales.
Un dato que grafica la política del gobierno: al frente de la Dirección de Conservación de Parques Nacionales fue designado Leonardo Sarquís, ex CEO de Monsanto, con estrechos vínculos con el agronegocio y los agrotóxicos.
El rol de los legisladores
Las consecuencias del ajuste también recaen sobre los legisladores nacionales, incluyendo los tres representantes de Salta que votaron a favor de los capítulos laborales de la Ley Bases. Entre otros puntos, esta normativa facilita el despido de trabajadores de planta permanente del Estado, una medida que se implementó tanto en el gobierno de Mauricio Macri como en el de Javier Milei.
Paro nacional
En respuesta a este escenario, ATE convocó a un paro de 36 horas para el 9 y 10 de abril, en el marco de la medida de fuerza anunciada por la CGT.
