Mientras Manuel Adorni se burlaba de los supuestos «curros» de las familias de personas con discapacidad, cuestionaba los fondos destinados a las universidades públicas, defendía el ajuste sobre docentes y no docentes, repetía el mantra de que «no hay plata» y promovía la llamada «inocencia fiscal», hoy aparece envuelto en cuestionamientos vinculados a su patrimonio y a declaraciones públicas sobre ahorros y tenencias que generan fuertes interrogantes.
La contradicción resulta evidente. El Gobierno que llegó prometiendo terminar con los privilegios de la «casta» aparece cada vez más asociado a escándalos, beneficios para sectores concentrados y funcionarios bajo sospecha. Mientras se recortan recursos para educación, salud, ciencia y políticas destinadas a las personas con discapacidad, continúan las ventajas para bancos, exportadoras y grandes grupos económicos.
Pero el problema ya no es solamente Adorni. La pregunta política apunta directamente a Javier Milei. ¿Hasta dónde llega la responsabilidad de un Presidente que sostiene, respalda y protege a un funcionario cuestionado? El silencio oficial, la defensa cerrada de los propios y la ausencia de medidas contundentes alimentan sospechas de protección política.
Serán los tribunales los encargados de determinar si existen responsabilidades penales. Sin embargo, en el terreno político, la protección permanente de funcionarios cuestionados convierte al Presidente en parte del problema. Porque cuando el poder elige mirar hacia otro lado, la corrupción deja de ser un hecho individual para transformarse en una responsabilidad compartida.
El verdadero escándalo no es solamente lo que pudo haber hecho Adorni, sino quiénes continúan sosteniéndolo y protegiéndolo.
