La llamada «inocencia fiscal» fue presentada por el gobierno de Javier Milei como una herramienta destinada a que los argentinos saquen los dólares «del colchón», los depositen en el sistema financiero y contribuyan a impulsar el crédito, la inversión y el ingreso de divisas a una economía que necesita desesperadamente dólares.
Sin embargo, la polémica en torno a la declaración jurada de Manuel Adorni golpeó de lleno esa estrategia. La revelación de que el vocero presidencial habría regularizado fondos previamente no declarados desató fuertes cuestionamientos sobre la transparencia de quienes promueven este tipo de medidas.
A la controversia se sumaron las declaraciones del ministro Federico Sturzenegger, que alimentaron aún más las dudas sobre el verdadero alcance del beneficio y sobre quiénes terminan siendo los principales favorecidos por el esquema.
Lo concreto es que lo que fue presentado como un incentivo para pequeños ahorristas corre el riesgo de ser percibido como una amnistía para quienes ocultaron patrimonio al fisco. El escándalo trascendió las fronteras del país y llegó incluso a las páginas del Financial Times, que reflejó las repercusiones políticas del caso.
La situación también alcanza al propio Presidente. Lejos de adoptar medidas que despejen las sospechas, Javier Milei mantiene su respaldo a Manuel Adorni y a otros funcionarios cuestionados. Esa actitud alimenta acusaciones de protección política y erosiona la confianza pública.
Y sin confianza resulta difícil imaginar que los dólares guardados fuera del sistema regresen a los bancos. Cuando quienes impulsan las reglas aparecen envueltos en las mismas controversias que intentan justificar, el plan económico corre el riesgo de quedar atrapado en sus propias contradicciones.
