Cristina Fernández de Kirchner impugnó este martes las actuaciones judiciales correspondientes a la etapa de instrucción de la causa Cuadernos y apuntó directamente contra el fiscal Carlos Stornelli, a quien acusó de haber extorsionado a empresarios junto al falso abogado Marcelo D’Alessio para que declararan en su contra.
Durante una exposición de más de 50 minutos, la expresidenta desglosó el mecanismo que, según sostuvo, utilizaba Stornelli para obtener testimonios y construir pruebas irregulares. En ese sentido, enumeró los casos de Pablo Barreiro —hijo de su exsecretario privado—, el empresario Pedro Etchebest, Cristian Castañón Distéfano —expareja de la esposa del fiscal— y el abogado Juan Manuel Ubeira.
Cristina también hizo referencia a la sentencia del caso D’Alessio, dictada el 25 de septiembre pasado, donde se investigó una “asociación ilícita integrada por miembros del servicio de inteligencia, periodistas y empresarios, vinculada con sectores del Poder Judicial”. “En esa asociación ilícita, el vínculo entre D’Alessio y Stornelli, que sigue siendo fiscal federal, era un activo muy importante”, afirmó.
Además, relató presuntas presiones ejercidas sobre el hijo de su exsecretario, a quien —según indicó— Stornelli le advirtió que su padre no estaba declarando en su contra y que podría terminar detenido. “Hay sortija para pocos”, habría dicho el fiscal.
En otro tramo, evocó el caso de Etchebest, quien fue citado por D’Alessio en el balneario CR de Pinamar. Según el relato, tras prometerle llevarle “medialunas de Atalaya”, le habría exigido 300 mil dólares para no involucrarlo en la causa.
“Todo está vinculado a esta causa, donde le pedían plata a la gente para sacarla o para no incluirla, y además encarcelaban a personas para que dijeran que yo era responsable de todo, sin que se sepa de qué”, argumentó.
En uno de los momentos más tensos de su intervención, la exmandataria cuestionó también al presidente Javier Milei por sus declaraciones en la Asamblea Legislativa del pasado 1º de marzo. “El Presidente anuncia que voy a seguir presa por la causa Cuadernos y por la del Memorándum con Irán. Que me traigan algún antecedente de un presidente que haya anticipado la detención de un ciudadano por causas judiciales en trámite”, desafió. Y agregó: “No hay nada más violatorio de la Constitución Nacional, que impide la injerencia del Poder Ejecutivo en causas judiciales. Desde la época de Rosas, no hay”.
Bajo esa perspectiva, consideró que su condena en la causa Vialidad fue “sin pruebas”, pero sostuvo que la causa Cuadernos “la ha desplazado del centro de la escena”. “No se trata solo de jueces parciales o de vínculos informales entre acusadores y juzgadores, sino de una causa en la que el juez de instrucción, Claudio Bonadío, y el fiscal Stornelli actuaron de manera mafiosa”, afirmó.
Asimismo, vinculó el accionar de Stornelli con la ministra Patricia Bullrich, al referirse a un intento de realizar una cámara oculta contra su abogado. “Lo querían ‘cortar’, como se dice en la jerga tumbera”, expresó, al tiempo que reconstruyó un supuesto diálogo en el que el fiscal descartaba a un periodista por su relación con otro imputado.
También recordó que Santiago Viola, actual secretario de Justicia, había afirmado falsamente que el juez Sebastián Casanello se había reunido con ella en Olivos, lo cual luego fue desmentido.
Antes de concluir, la exmandataria cuestionó el funcionamiento del Consejo de la Magistratura, organismo que ella misma respaldó durante la reforma constitucional de 1994, en el marco del acuerdo entre Carlos Menem y Raúl Alfonsín. Según sostuvo, ese órgano derivó en una “corporativización” del Poder Judicial, al permitir que jueces participen en la selección y eventual sanción de sus propios pares. “Los tribunales militares que tenían las Fuerzas Armadas se trasladaron al Poder Judicial”, señaló.
Finalmente, Cristina se negó a responder preguntas del tribunal y afirmó que lo hará cuando lo hagan Mauricio Macri —por la causa de los parques eólicos—, Stornelli por sus actuaciones, y el ministro de Economía, Luis “Toto” Caputo, por el endeudamiento externo.
El cierre de la audiencia estuvo marcado por un episodio inusual. El presidente del tribunal, Enrique Méndez Signori, intentó impedir que la expresidenta se retirara y ensayó una respuesta: “Integramos un tribunal independiente en una república democrática y estamos aquí para garantizar un juicio justo”, sostuvo.
“Fue una señal de debilidad o de mala conciencia”, deslizó luego un magistrado con experiencia en el ámbito judicial. “La indagatoria terminó convirtiéndose en una suerte de declaración del tribunal para resguardar su propia independencia”, concluyó.
En un clima de fuerte tensión, la audiencia dejó al descubierto no solo el enfrentamiento entre la expresidenta y el tribunal, sino también las profundas controversias que rodean a una de las causas judiciales más resonantes de los últimos años.
