La medida ya fue discutida y comentada hace tiempo en los pasillos de la Cámara Legislativa, pero hoy reaparece de golpe, con rótulo de “urgente” y sin debate. Podía tratarse en una sesión extraordinaria, pero se eligió el atajo del DNU. La pregunta es inevitable: ¿por qué ahora?
El gobernador Gustavo Sáenz firmó un Decreto de Necesidad y Urgencia que impone exámenes toxicológicos obligatorios a funcionarios de los tres poderes del Estado y a los organismos de control. El argumento oficial habla de idoneidad, responsabilidad y transparencia en la función pública. Nadie discute el fondo. Lo que llama la atención es la forma.
En los mentideros políticos se ensayan hipótesis de todo tipo: ¿mensaje disciplinador puertas adentro del poder? ¿gestión de impacto mediático en tiempos de desgaste? ¿advertencia preventiva ante rumores que circulan sin nombre ni apellido? ¿o simple necesidad de marcar agenda y correr el eje del debate público?
Si la iniciativa era conocida y contaba con consenso potencial, ¿por qué evitar el recinto legislativo, el espacio natural del debate democrático? Cuando el apuro reemplaza a la discusión, la urgencia deja de ser técnica y empieza a oler a política.
Como toda adivinanza, la respuesta no está escrita. Pero en Salta, cuando un DNU habla más fuerte que el Parlamento, siempre conviene leer entre líneas. La pregunta queda flotando: ¿habrá renuncias?
