La Comisión Episcopal de Pastoral Social cuestionó el proyecto que impulsa Javier Milei para llevarla de 16 a 13 años. Advirtió que no resuelve la inseguridad juvenil y reclamó más educación, reinserción social y lucha contra el narcotráfico.
En medio del debate que el Gobierno nacional instaló en el Congreso para modificar el régimen penal juvenil, la Iglesia Católica fijó una posición clara: rechaza la baja de la edad de imputabilidad y advierte que la medida no ataca las verdaderas causas de la inseguridad. El pronunciamiento fue emitido por la Comisión Episcopal de Pastoral Social, presidida por el obispo de La Rioja, monseñor Dante Gustavo Braida.
“El error es creer que la solución de la inseguridad es bajar la edad de imputabilidad sin considerar sus causas”, señalaron los obispos, al tiempo que reclamaron “transformaciones profundas que garanticen oportunidades reales para niños, adolescentes y jóvenes”.
La postura eclesiástica se conoce luego de que el gobierno de Javier Milei incluyera el tema en el temario de las sesiones extraordinarias. Actualmente, en la Argentina la imputabilidad penal rige desde los 16 años, pero el oficialismo busca reducirla a los 13, tomando como referencia experiencias de países de la región.
Desde Pastoral Social describieron una realidad social marcada por la falta de trabajo, la exclusión y el avance del narcotráfico. “Durante años no se logró construir una cultura del trabajo que permita a las familias vivir con dignidad”, expresaron, y remarcaron que ese deterioro social es uno de los factores que alimenta la delincuencia juvenil.
La Iglesia también cuestionó que el debate público ponga el foco casi exclusivamente en los menores. Según estadísticas oficiales del Ministerio de Seguridad, los adolescentes representan un porcentaje bajo del total de delitos: en el robo de motocicletas, los menores de 15 años alcanzan apenas el 5,1 %, y los de 16 y 17 años el 11,3 %. En el hurto de automotores, los menores de 15 años son el 3,93 % y los de 16 y 17 el 8,1 %.
“Se necesita escuchar a especialistas como psicólogos, docentes y profesionales de la salud”, indicaron los obispos, al advertir que la problemática es mucho más compleja que una reforma punitiva.
Otro eje central del documento es el avance de las drogas. La Iglesia alertó que el consumo está destruyendo a los jóvenes y que el narcotráfico sigue penetrando con facilidad en barrios y pueblos. “De esto se habla poco, pero es una de las principales causas de la violencia”, sostuvieron.
Además, pusieron en duda la capacidad del sistema penitenciario para alojar a menores. “¿De verdad creemos que las cárceles son la solución?”, se preguntaron, y propusieron en cambio un régimen penal juvenil con una mirada humana, orientada a la reinserción social y la educación.
“La Argentina necesita más escuelas que cárceles y más docentes que guardiacárceles”, afirmaron. Y concluyeron que cualquier reforma debe ofrecer a los jóvenes un proyecto de vida con futuro, lejos de “las drogas, las armas o el cementerio”.
El debate recién comienza, pero la Iglesia ya dejó una señal política fuerte: para enfrentar la inseguridad juvenil no alcanza con castigar antes, sino con incluir mejor.
