Gremios de la CGT y de las dos CTA lanzaron el Frente de Sindicatos Unidos (FreSU) y anunciaron un plan de lucha con movilizaciones en Córdoba y Santa Fe que culminarán el 11 de febrero frente al Congreso, cuando el Senado trate el proyecto del Gobierno.


En un nuevo gesto de autonomía frente a la conducción tradicional de la CGT, más de medio centenar de organizaciones gremiales lanzaron el Frente de Sindicatos Unidos (FreSU), un espacio que reúne sindicatos de la CGT y de las dos CTA con un objetivo común: frenar la reforma laboral que impulsa el gobierno de Javier Milei.

El anuncio se realizó en la sede de la Unión Obrera Metalúrgica (UOM), conducida por Abel Furlán, uno de los dirigentes que viene reclamando mayor firmeza al sindicalismo frente a las políticas oficiales. Del nuevo frente participan, entre otros, la UOM, la Asociación de Pilotos de Líneas Aéreas (APLA), la Federación de Aceiteros, la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) y La Fraternidad.

Desde el FreSU acordaron un plan de acción nacional que comenzará con movilizaciones en Córdoba el 5 de febrero y en Santa Fe el 10, con el objetivo de presionar a los gobernadores Martín Llaryora y Maximiliano Pullaro, quienes dejaron trascender algunas diferencias con el proyecto oficial. La estrategia culminará el 11 de febrero con una gran marcha frente al Congreso, día previsto para que el Senado trate la reforma. Los estatales que integran el frente ya anticiparon la convocatoria a un paro para esa jornada.

En un documento difundido tras el encuentro, los sindicatos advirtieron que la iniciativa del Gobierno “no tiene ningún artículo positivo para los trabajadores” y sostuvieron que, por la magnitud de los derechos que elimina, la reforma “solo es comparable con la aplicada durante la dictadura cívico-militar de 1976”.

Además, señalaron que el proyecto no surge de un diálogo democrático, sino de negociaciones “a espaldas del pueblo trabajador”, donde algunos gobernadores podrían intercambiar apoyos legislativos por beneficios coyunturales para sus provincias.

“El Gobierno pretende entregar derechos históricos a cambio de migajas y comprometer el futuro del trabajo en la Argentina”, afirmaron. En ese sentido, remarcaron que la reforma no apunta a crear empleo ni a mejorar su calidad, sino que responde a un modelo que necesita “salarios bajos, empleo precario y debilitamiento de la organización sindical” para avanzar en privatizaciones y el desmantelamiento del entramado productivo.

Si bien el FreSU no descarta de plano la negociación, sus integrantes advierten que no es posible dialogar con un Gobierno que, según sostienen, no busca respetar los derechos laborales.

Ahora, todas las miradas se posan sobre la cúpula de la CGT, que hasta el momento apuesta al diálogo con gobernadores y legisladores, mientras en las bases sindicales crece la presión por profundizar las medidas de acción directa contra la reforma laboral.

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