El atentado que causó la muerte del obispo de La Rioja, Enrique Angelelli, el 4 de agosto de 1976, fue ocultado por las autoridades militares, quienes informaron que se trató de un “accidente” vial provocado por el reventón de un neumático. A mediados de julio, se había designado como juez de instrucción del caso a Nicolás Vigo, un policía federal con título de abogado, proveniente de Santa Fe, que se alojó en el hotel Emperador de La Rioja. Vigo archivó el sumario, a pesar de que el perito mecánico de la policía provincial informó que el vuelco fatal no se debió a esa causa.
La versión oficial fue comunicada por el coronel Osvaldo Pérez Battaglia, máximo jefe militar en La Rioja, a la cúpula episcopal encabezada por el cardenal Raúl Primatesta y el nuncio Pío Laghi, durante las exequias celebradas el 6 de agosto. Ante la sospecha de asesinato que los sacerdotes riojanos transmitieron a la jerarquía eclesiástica, el arzobispo Primatesta respondió: “Nos quedamos con la versión del accidente, para poder investigar tranquilos”. Así lo declaró en el juicio el entonces secretario de la curia diocesana, presbítero Aurelio Ortiz.
El expediente judicial fue reabierto a fines de 1983 por iniciativa del obispo Jaime De Nevares. En 1986, el juez Aldo Morales, de La Rioja, concluyó que la muerte de Angelelli había sido un homicidio. Ante la citación a militares, se planteó la incompetencia jurisdiccional para que la causa fuera derivada al Consejo Supremo de las Fuerzas Armadas. El rechazo a esta maniobra motivó una apelación que llegó a la Corte Suprema, la cual derivó el caso a la Cámara Federal de Córdoba en 1988. Esta, al presumir la participación del aparato estatal en manos de los militares, aplicó la ley de Punto Final en 1990.
Ante el interés demostrado por el obispo Bernardo Witte, sucesor de Angelelli, los servicios de inteligencia del Ejército, encabezados por el coronel Eduardo De Casas —quien había sido jefe de policía en La Rioja en 1980— realizaron maniobras que terminaron por convencer al obispo alemán de la versión del “accidente”. En 1988, doce años después de los hechos, apareció un falso testigo que ni la policía había visto aquel fatídico día y que jamás declaró ante la justicia. En esa misma época, surgió un “peritaje mecánico extrajudicial” que, según declaró su autor, el coronel Maximiano Payba, fue ordenado por el Estado Mayor del Ejército y no por pedido del obispo Witte, como se consignó en la documentación que el general Jorge Rafael Videla presentó en 2011, cuando declaró como imputado.
Anuladas las leyes de impunidad, en 2006 se reabrió la investigación en La Rioja. Para entonces, el episcopado argentino —que durante 30 años había adherido al relato militar del “accidente” vial—, inició bajo la conducción del cardenal Jorge Bergoglio un proceso de reparación. Se creó una Comisión ad hoc, denominada “Monseñor Angelelli”, a cargo del arzobispo emérito Carmelo Giaquinta, quien durante dos años indagó en archivos eclesiásticos y solicitó testimonios a obispos con información sobre las circunstancias de la muerte del obispo riojano. El informe, de 419 fojas, fue incorporado a la causa judicial tramitada en La Rioja.
Así se conoció un nuevo embate de los servicios de inteligencia del Ejército, esta vez liderados por el general Jorge Norberto Apa, del Batallón 601, quien el 2 de agosto de 2006 escribió al cardenal Bergoglio alertando sobre que la muerte de monseñor Angelelli “se está instrumentando como martirio”, y adjuntó documentación que supuestamente “demuestra que la muerte fue claramente un accidente”. Se trataba del mismo material recopilado por el coronel De Casas, ahora integrante de la Comisión de Asuntos Institucionales (C.A.I.), encargada de las relaciones con la Iglesia. Para evitar que los documentos fueran “cajoneados”, también se los enviaron a dos opositores internos de Bergoglio: el arzobispo Héctor Aguer y el ex vicario castrense Antonio Baseotto (el mismo que propuso colgarle una piedra al cuello al ministro Ginés González García y arrojarlo al mar). Tanto el general Apa como el coronel De Casas lograron reunirse en 2008 con Giaquinta y otros obispos durante la sesión anual del episcopado. Sin embargo, la inusual insistencia militar por “colaborar” con la Comisión Giaquinta despertó sospechas en el experimentado arzobispo emérito, lo que finalmente frustró las maniobras de encubrimiento y reforzó la voluntad de apoyar la investigación judicial.
En 2006, Giaquinta informó a Bergoglio que “la C.E.A. (Comisión Episcopal Argentina) nunca pidió formalmente la investigación de los hechos, ni siquiera cuando el juez de instrucción, en 1986, declaró que se trató de un homicidio”. En 2007 le comunicó que “como cuerpo episcopal llegamos tarde”. Y en el informe final de 2008 agregó: “Hay certeza de que no existió un trabajo de investigación sobre la muerte de monseñor Angelelli encomendado por la CEA a Zazpe”, contradiciendo así lo afirmado por Primatesta en Roma. En efecto, el obispo Eduardo Taussig relató que, en 1982, escuchó al cardenal decir que la CEA había encomendado a monseñor Vicente Zazpe la investigación de lo sucedido, “quien nos ha informado que no se podía probar o establecer que haya sido un crimen”. Pero la verdad se impuso sobre la mentira.
La reparación episcopal sobre el crimen del obispo Angelelli, iniciada 30 años después bajo la conducción del cardenal Bergoglio, institucionalizó la certeza que, desde el mismo 4 de agosto de 1976, sostenían buena parte de la ciudadanía y sectores creyentes. Aunque no tuvo amplia difusión, Virginio Bresanelli, obispo de Comodoro Rivadavia, alentó este cambio de actitud. En julio de 2006 escribió al presidente del episcopado: “Hoy se conoce el contexto martirial de la Iglesia riojana, la oposición y persecución sufrida por el mismo Angelelli, su coherencia como pastor y la ‘fama común de mártir’ que ya tiene en el pueblo. Un discurso reticente al respecto seguirá pesando en contra de la Iglesia misma, considerada cómplice de un silencio que no se hace eco de la voz y de la conciencia del pueblo que, desde el inicio, no tuvo la menor duda de que fue asesinado… No veo prudente callar”.
Esa “voz y conciencia del pueblo” fue ratificada por la sentencia judicial de 2014, en La Rioja, que declaró que los hechos “fueron consecuencia de una acción premeditada, provocada y ejecutada en el marco del terrorismo de Estado”.
