El Gobierno lanzó un nuevo retiro voluntario para empleados públicos y eliminará los cargos vacantes
La medida alcanza a trabajadores de planta permanente y contratados por tiempo indeterminado de la Administración Pública Nacional. Los puestos de quienes se adhieran al régimen serán eliminados una vez finalizada su relación laboral.
El Gobierno nacional oficializó un nuevo régimen de retiro voluntario para empleados públicos, en el marco de su política de reorganización y reducción de las estructuras del Estado. La medida contempla la eliminación de los cargos presupuestarios que queden vacantes como consecuencia de las desvinculaciones.
La disposición fue establecida mediante el Decreto 1203/2026, publicado este lunes 19 de octubre en el Boletín Oficial, y comenzó a regir desde esa misma fecha.
El régimen está dirigido a los trabajadores de planta permanente de la Administración Pública Nacional centralizada, comprendidos en la Ley 25.164, así como a quienes mantienen contratos por tiempo indeterminado bajo la Ley de Contrato de Trabajo.
Uno de los aspectos centrales de la normativa establece que los puestos de quienes acepten el retiro voluntario serán eliminados del presupuesto, una vez que se concrete la finalización de su vínculo laboral con el Estado.
De esta manera, las vacantes generadas por las adhesiones no permanecerán disponibles dentro de la estructura administrativa, en línea con el objetivo del Ejecutivo de reducir y reorganizar las dotaciones de personal.
La implementación del régimen estará a cargo de la Secretaría de Transformación del Estado y Función Pública, dependiente del Ministerio de Desregulación y Transformación del Estado.
Asimismo, el decreto contempla la posibilidad de prorrogar por única vez el período de inscripción, con una extensión máxima de 30 días corridos.
En cuanto a las compensaciones económicas y los requisitos para acceder al beneficio, estos se encuentran establecidos en un anexo de la normativa, donde también se determina el plazo inicial de adhesión.
La medida alcanza exclusivamente a las jurisdicciones y organismos comprendidos en la Administración Pública Nacional centralizada, por lo que no se aplica automáticamente a empleados de las administraciones provinciales ni municipales.
El nuevo régimen se suma a las medidas impulsadas por la gestión de Javier Milei para modificar el funcionamiento de la administración estatal, con especial atención a la reorganización de sus estructuras y la dotación de personal.
