Un relevamiento en Australia reveló que el 60% de los adolescentes que tenían cuentas en plataformas restringidas continúa utilizándolas. Especialistas advierten que las prohibiciones no son suficientes y proponen reforzar la educación digital y la protección de la salud mental.
Las restricciones al uso de redes sociales por parte de menores de edad comenzaron a mostrar dificultades en los países que decidieron implementarlas. Los primeros relevamientos realizados en Australia indican que seis de cada diez adolescentes que tenían cuentas en plataformas prohibidas continúan utilizándolas, pese a las medidas establecidas para limitar su acceso.
Australia fue uno de los primeros países occidentales en avanzar con la prohibición de redes sociales para menores de 16 años, una decisión impulsada por la preocupación sobre los efectos de las plataformas digitales en la salud mental de niños y adolescentes.
La iniciativa despertó interés internacional y llevó a más de veinte países, entre ellos Canadá, Francia, Grecia y Emiratos Árabes Unidos, a debatir o impulsar regulaciones similares.
Sin embargo, un sondeo realizado en territorio australiano reveló que el 60% de los adolescentes que ya utilizaban las plataformas restringidas logró mantener el acceso mediante distintos mecanismos, como la modificación de fechas de nacimiento, la creación de identidades falsas y el uso de redes privadas virtuales (VPN).
Estos resultados pusieron en discusión la efectividad de las prohibiciones generales, debido a las dificultades para controlar el acceso de los menores a los espacios digitales.
Además, la implementación de sistemas de verificación de edad generó interrogantes sobre la privacidad de los usuarios, especialmente cuando requieren datos personales o mecanismos de reconocimiento biométrico.
Frente a este escenario, especialistas como el profesor Ari Lightman plantean la necesidad de buscar alternativas que no dependan exclusivamente de impedir el ingreso de los adolescentes a las redes sociales.
Entre las propuestas se destacan mayores exigencias de seguridad para las plataformas tecnológicas, herramientas de protección incorporadas por defecto, programas de alfabetización digital y un acceso más amplio a servicios de atención en salud mental.
El debate también alcanza a las grandes empresas tecnológicas, como Meta y YouTube, cuestionadas judicialmente por las características de sus plataformas y los mecanismos que podrían fomentar un uso excesivo de sus aplicaciones.
Los especialistas advierten que las prohibiciones absolutas pueden llevar a los adolescentes a buscar formas alternativas de conexión, incluso en espacios digitales con menores controles de seguridad.
En este contexto, la discusión internacional comienza a centrarse no solo en limitar el tiempo que los jóvenes pasan frente a las pantallas, sino también en garantizar entornos digitales más seguros y promover un uso responsable de la tecnología.
Los primeros resultados australianos muestran dificultades para hacer cumplir las restricciones, aunque todavía no permiten determinar por sí solos su impacto a largo plazo sobre la salud mental de los adolescentes.
