Una mirada militante sobre la violencia del poder y el derecho a resistir.
Hay una pregunta que empieza a recorrer la Argentina: ¿por qué demora tanto la rebeldía de una sociedad que soporta el ajuste, la pérdida de derechos, los despidos, los salarios por el piso y el deterioro de sus condiciones de vida?
El gobierno de Javier Milei lleva adelante un proyecto que subordina los intereses nacionales a los poderes económicos y financieros. Y mientras una parte de la sociedad acumula angustia y bronca, hay quienes parecen más preocupados por la forma en que esa bronca se expresa que por las razones que la provocan.
En estos días, una campaña mediática volvió a poner el foco en la violencia durante las movilizaciones en defensa de la universidad pública y contra el DNU 70/23. Durante horas, una piedra arrojada contra un vidrio se convirtió en la noticia central. La imagen se repitió una y otra vez. En cambio, la violencia de la represión estatal, las provocaciones y la posible presencia de infiltrados no recibieron el mismo tratamiento.
Una parte del periodismo mira con lupa la violencia de quienes protestan, pero naturaliza la que viene desde arriba, desde el aparato represivo del Estado.
La violencia de abajo es escándalo, pero si viene de arriba es gestión.
El DNU 70/23 modificó profundamente numerosas regulaciones de la vida económica y social argentina, desde los derechos laborales hasta los alquileres. Todo ello bajo el argumento de una emergencia cuya justificación y alcance fueron objeto de fuertes cuestionamientos.
Eso también es violencia institucional. Dicho en criollo: es abuso de poder cuando un gobierno pretende colocarse por encima de las instituciones y de los límites que establece la Constitución.
Pero la cosa no termina ahí.
El Congreso sanciona una ley, el Presidente la veta y el Congreso puede insistir con la mayoría constitucional requerida. Sin embargo, cuando una norma no le gusta al Ejecutivo, aparecen las demoras, los obstáculos administrativos o la falta de recursos que impiden su aplicación efectiva.
Preguntémonos qué ocurriría si una organización sindical o social anunciara públicamente que no piensa cumplir una ley. No soportaríamos la catarata de horas de televisión, radio y editoriales que anunciarían el fin de la República.
Pero cuando quien desconoce o intenta neutralizar una decisión institucional es el propio Gobierno, abundan las justificaciones y los silencios.
La vara cambia según quién ejerza la fuerza.
La represión tampoco comenzó la semana pasada. Está presente desde el inicio de esta gestión: primero, con el protocolo antipiquetes; después, con las represiones contra los jubilados, miércoles tras miércoles. Mientras Milei los insultaba llamándolos «viejos meados», personas mayores eran gaseadas, empujadas y golpeadas por reclamar una jubilación digna.
Y está Pablo Grillo, el fotógrafo que recibió un disparo en la cabeza durante una de esas represiones. Una imagen brutal de lo que puede ocurrir cuando la fuerza del Estado se descarga contra quienes salen a la calle a reclamar.
¿De qué violencia hablamos cuando una persona mayor sale a defender su jubilación y termina bajo los golpes de quienes deberían garantizar su seguridad?
¿Y de qué libertad hablamos cuando el derecho a protestar se convierte en una amenaza para quienes gobiernan?
Mientras tanto, la negociación política se desarrolla a cielo abierto. Gobernadores que negocian votos a cambio de fondos, obras, adelantos y concesiones. Es la fabricación de mayorías parlamentarias mediante acuerdos que muchas veces quedan lejos de las promesas hechas a los votantes.
Aquí está la «madre del borrego»: un gobierno sin mayoría propia necesita construir apoyos para imponer su programa. Y cuando los acuerdos políticos se convierten en una herramienta para desmantelar derechos, la pregunta no es solamente cómo consiguió los votos, sino también a quiénes beneficia y quiénes pagan sus consecuencias.
Tampoco podemos ignorar el papel de la Justicia. Cuando los controles institucionales se demoran, las decisiones fundamentales quedan sin respuesta o los límites constitucionales no reciben la atención que merecen, la democracia se debilita. Las instituciones no están para hacerle los mandados al poder de turno: están para controlarlo.
Pero la violencia más extendida no siempre lleva uniforme, casco ni bastón.
Está en los salarios que no alcanzan, en los despidos, en las universidades asfixiadas, en los hospitales que sufren la falta de recursos, en el estudiante que abandona la carrera porque no puede pagar el boleto y en la familia que se endeuda para llegar a fin de mes.
Esa violencia no siempre ocupa la pantalla. No necesita gases lacrimógenos para dejar marcas. Se mete en las casas, deteriora la vida cotidiana y destruye expectativas.
Y todo eso configura un cuadro de autoritarismo político y violencia social que no podemos naturalizar.
Frente a semejante escenario, muchos prefieren señalar al que protesta: al joven que se planta, a la mujer que reclama, al trabajador que no acepta resignarse. Se preocupan por la bronca de abajo, pero rara vez se preguntan por qué existe.
CLARO QUE HAY BRONCA.
Claro que puede haber provocaciones e infiltraciones que deben investigarse. Pero no confundamos las cosas: identificar una conducta violenta no autoriza a criminalizar una movilización entera ni a desconocer el derecho constitucional a manifestarse.
La pregunta de fondo es otra: ¿cómo puede ser que haya tanta bronca acumulada y, al mismo tiempo, tanta paciencia social?
La historia argentina tiene algunas respuestas.
El Cordobazo de 1969 no fue un arrebato inexplicable ni un atentado contra la República. Fue la expresión de un profundo conflicto social, de años de dictadura, de restricciones políticas y de ataques a los derechos de los trabajadores.
Diciembre de 2001 tampoco cayó del cielo. Fue el desenlace de una crisis económica, social y política que había acumulado desempleo, pobreza, endeudamiento y desconfianza en la dirigencia.
En ambos casos, hubo señales que muchos no quisieron escuchar. Sectores del poder y dirigentes políticos permanecieron sordos frente a lo que venía desde abajo, hasta que la realidad irrumpió con una fuerza que ya no pudieron ignorar.
Por eso hay que decirlo con todas las letras: resistir no es un delito. Protestar no es una concesión del Gobierno. Es un derecho democrático.
Defender la universidad pública, a los jubilados, los derechos laborales y la dignidad de quienes viven de su trabajo es defender una República que no puede reducirse a votar cada dos años mientras se deterioran las condiciones de vida de las mayorías.
La resistencia democrática no consiste en celebrar la violencia ni en justificar cualquier conducta. Consiste en organizarse, movilizarse, reclamar, denunciar y poner límites al poder cuando pretende avanzar sobre los derechos conquistados.
Detrás de cada conquista hubo organización, lucha colectiva y trabajadores que no aceptaron resignarse.
Y aquí también corresponde una reflexión para el movimiento obrero y sus conducciones.
Si algo ha logrado frenar, cuestionar o poner en discusión el ajuste, no ha sido solamente la negociación de los dirigentes ni los acuerdos parlamentarios. Ha sido, sobre todo, la movilización persistente de quienes se niegan a aceptar que el sacrificio recaiga siempre sobre los mismos.
La prudencia no puede convertirse en parálisis. El diálogo no puede ser una excusa para abandonar a quienes esperan respuestas. Y la responsabilidad dirigencial no se mide por la cantidad de acuerdos firmados, sino también por los derechos que se consiguen defender.
