El escándalo que lo vincula con el narco “Fred” Machado no es un hecho aislado, sino la muestra de un sistema de poder corrompido que involucra a la Justicia, los medios y al propio gobierno de Milei.
La corrupción que hoy rodea a José Luis Espert no es un accidente ni un desliz personal. Las revelaciones sobre sus vínculos con el narcotraficante “Fred” Machado exponen apenas la punta de un iceberg: un entramado de negocios ilícitos, complicidades judiciales y blindaje mediático que atraviesa al poder político.
El periodista Víctor Hugo Morales lo resumió en una frase: Espert es un “chanta caído en desgracia”. Sin embargo, sería ingenuo pensar que el problema termina en él. Los indicios apuntan a una corrupción estructural, sostenida por una Corte Suprema cómplice, medios como Clarín que callan según su conveniencia y un presidente, Javier Milei, que protege a su socio político por temor a lo que pueda revelar.
La escena es elocuente: Milei ocultando a Espert en tercera fila durante un acto de Patricia Bullrich, cuidando que las cámaras no lo enfoquen, como si esconder la imagen alcanzara para borrar la evidencia. El gobierno que se presenta como “libertario” repite las viejas prácticas del poder: silencio, encubrimiento y negocios bajo la mesa.
El problema trasciende a Espert. Cada ministerio, cada secretaría y hasta la propia Corte aparecen como engranajes de un mecanismo donde circulan dinero narco, lavado y coimas con total impunidad. La pregunta central no es si Espert debe renunciar, sino cómo desmontar este sistema delictivo que atraviesa a todo el Estado.
Porque lo que queda claro es que no se trata de un hecho aislado, sino de un esquema en el que se mezclan cocaína y noticias falseadas, negocios oscuros y jueces que se comportan más como custodios del delito que como guardianes de la República.
La caída de Espert desnuda la hipocresía oficial. Y si el gobierno de Milei cree que sacrificando a un peón puede salvar a la reina, se equivoca: las manchas de la corrupción ya tiñen a todo el tablero.
