El conflicto entre el Gobierno nacional y las universidades públicas parece haber ingresado en una nueva etapa. Tras meses de tensión, reclamos presupuestarios y una disputa judicial que llegó hasta la Corte Suprema de Justicia, la administración de Javier Milei decidió modificar su estrategia y avanzar en una negociación destinada a evitar una profundización de la crisis.
Según trascendió en las últimas horas, el Ejecutivo dejó de condicionar un eventual acuerdo presupuestario al retiro de las demandas judiciales impulsadas por las universidades y trabaja en una propuesta que contempla mejoras salariales, actualización de partidas y nuevas instancias de negociación.
La iniciativa oficial incluiría un incremento salarial del 24% para los docentes universitarios, distribuido en distintos tramos: un 21,3% en junio, con impacto sobre el aguinaldo, y un 3% adicional en septiembre. También prevé actualizaciones para gastos de funcionamiento, mayores recursos para hospitales universitarios y un aumento en las Becas Belgrano.
Además, el Gobierno estaría dispuesto a reabrir paritarias trimestrales con mecanismos de actualización vinculados a la evolución de la inflación.
El cambio de postura se produce en un contexto complejo para la administración nacional. La Ley de Financiamiento Universitario continúa siendo objeto de una disputa judicial y el Gobierno ya sufrió reveses en instancias anteriores. En ese escenario, distintas versiones sostienen que el Ejecutivo busca ganar tiempo mientras la Corte Suprema analiza los planteos vinculados a la norma.
La discusión de fondo gira en torno al costo fiscal que implicaría la plena aplicación de la ley. Diversos sectores vinculados al sistema universitario sostienen que el impacto presupuestario representaría alrededor del 0,2% del Producto Bruto Interno, mientras que desde el oficialismo insisten en la necesidad de preservar el equilibrio de las cuentas públicas.
Mientras continúan las negociaciones, las universidades mantienen sus reclamos por mayores recursos para garantizar el funcionamiento del sistema, recomponer salarios y sostener las actividades académicas, científicas y de extensión.
La posibilidad de un acuerdo aparece hoy como una alternativa para evitar una escalada del conflicto, aunque las organizaciones docentes y las autoridades universitarias aguardan una propuesta formal antes de definir los próximos pasos.
