Pasaron cincuenta años de uno de los crímenes más brutales cometidos durante la última dictadura cívico-militar argentina. En la madrugada del 4 de julio de 1976, los sacerdotes Alfredo Kelly, Alfredo Leaden y Pedro Dufau, junto a los seminaristas Salvador Barbeito y Emilio Barletti, fueron asesinados dentro de la parroquia San Patricio, en el barrio porteño de Belgrano. Se trató del ataque más grave perpetrado contra miembros de la Iglesia Católica durante el terrorismo de Estado.
Durante años, la verdad intentó ser ocultada bajo capas de silencio, miedo e impunidad. Sin embargo, como suele decirse en la jerga periodística, nadie resiste un archivo. Los documentos, los testimonios, las investigaciones judiciales y la perseverancia de familiares, sobrevivientes y organismos de derechos humanos terminaron por derribar muchas de las versiones construidas para encubrir lo ocurrido.
A medio siglo de aquellos asesinatos, la causa judicial registra nuevos avances. El juez federal Daniel Rafecas citó a declaración indagatoria a cuatro ex integrantes de la Policía Federal, acusados de haber facilitado las condiciones para que el grupo de tareas que ejecutó la masacre actuara con total impunidad. La hipótesis judicial apunta a que existió una liberación deliberada de la zona para garantizar el operativo represivo.
La decisión representa un nuevo paso en la búsqueda de justicia, aunque también vuelve a poner en evidencia el tiempo transcurrido. Cinco décadas después de los hechos, muchos de los responsables directos ya no están vivos y gran parte de la sociedad convivió durante años con el silencio y la falta de respuestas.
Los curas palotinos no fueron víctimas de un exceso ni de un error. Fueron asesinados en el marco de un plan sistemático de persecución política e ideológica llevado adelante por un régimen que convirtió el secuestro, la tortura, el asesinato y la desaparición de personas en una política de Estado.
La Masacre de San Patricio permanece como uno de los símbolos más dolorosos de aquella etapa oscura de la historia argentina. También constituye un recordatorio de la importancia de la memoria colectiva y del valor de la documentación histórica para reconstruir la verdad.
A cincuenta años de aquellos crímenes, la memoria sigue de pie. Porque sin verdad no hay justicia, y sin justicia no existe una democracia plenamente consolidada.
