El fiscal Eduardo Taiano solicitó que la Subsecretaría de Asuntos Presidenciales informe si existe un “acuerdo confidencial” entre el presidente Javier Milei y el empresario estadounidense Hayden Davis para asesoramiento en blockchain y criptomonedas. Según surge de la investigación, dicho acuerdo habría sido firmado días antes del lanzamiento del token $LIBRA. En caso de existir, el fiscal exigió la presentación del documento original.
La dependencia requerida responde a Karina Milei, también imputada por presunto cohecho. Es decir, los hermanos que concentran el poder político aparecen ahora comprometidos en una misma causa judicial, en un hecho inédito en la historia institucional reciente.
Un informe técnico de la Procuración confirma que uno de los teléfonos del Presidente registra conversaciones con el trader Mauricio Novelli, señalado como nexo con los impulsores de $LIBRA. Novelli, a su vez, intercambió mensajes con un contacto agendado como “Karina Milei RRPP” y con el propio Davis. Parte de este material se encuentra bajo reserva en Comodoro Py, pero refuerza la hipótesis de un vínculo previo y sostenido entre los involucrados.
No se trata de un contacto ocasional.
Milei dictaba clases en la academia de Novelli y participó, junto a su hermana, en actividades vinculadas al mundo cripto. Sin embargo, tras el derrumbe del token —que dejó pérdidas millonarias a más de 40.000 inversores que confiaron en su difusión a través de la red X—, el Presidente intentó despegarse: aseguró que “no sabe nada de criptomonedas” y que no la promocionó, sino que “la difundió”.
Mientras miles de personas perdían sus ahorros, un reducido grupo de billeteras con información privilegiada habría concentrado ganancias cercanas a los 280 millones de dólares, según auditores privados.
No fue un episodio aislado.
En 2021, Milei también respaldó otra criptomoneda vinculada a Novelli, $Vulc, que igualmente terminó desplomándose.
El expediente deberá determinar si existió coordinación previa, uso de información privilegiada y eventuales responsabilidades penales. Pero más allá del derrotero judicial —sobre el que pesan sospechas de alineamiento político desde la gestión de Mauricio Macri hasta la actual administración—, el caso expone un problema mayor: la posible utilización del prestigio presidencial para impulsar negocios privados de altísimo riesgo.
Cuando el poder y el dinero digital se mezclan en la cima del Estado, la pregunta ya no es solo jurídica. Es institucional. Y es moral.
