La Corte de Justicia aseguró que el nuevo Código Procesal Penal garantizará una justicia más rápida, transparente y cercana a la gente. El proyecto, que ya cuenta con media sanción, fue calificado como “un hito histórico” para el sistema judicial de la provincia.


La reforma del Código Procesal Penal de Salta avanza a paso firme y promete transformar de manera profunda el funcionamiento del sistema judicial. Durante el cierre de la ronda de consultas del Senado, representantes de la Corte de Justicia destacaron que la iniciativa “garantizará una justicia más eficiente, ágil y equitativa”, al tiempo que calificaron el proyecto como “un momento histórico” para la provincia.

El encuentro estuvo encabezado por el vicepresidente primero del Senado, Mashur Lapad, junto a los presidentes de las comisiones de Justicia, Jorge Soto, y de Legislación General, Javier Mónico. Por la Corte participaron su presidenta, Teresa Ovejero, y el juez Pablo López Viñals.

La reunión marcó el cierre de un proceso de consultas que incluyó a abogados, magistrados, y representantes del Ministerio de Seguridad y Justicia. Los miembros del alto tribunal coincidieron en que la oralidad y el uso de la tecnología serán claves para lograr una justicia más transparente y accesible.

“Este es un código absolutamente nuevo, que deja atrás el expediente en papel y apuesta a la videograbación como herramienta de transparencia y eficiencia”, explicó López Viñals, quien subrayó que la reforma completa la transición iniciada en 2011 hacia un sistema penal más moderno y participativo.

Por su parte, la presidenta de la Corte, Teresa Ovejero, resaltó que el nuevo Código “es una herramienta útil para brindar un mejor servicio de justicia”, orientada a mejorar la experiencia del justiciable y garantizar procesos más ágiles y eficaces.


Modernización, oralidad y transparencia

Uno de los puntos más debatidos fue la reducción del plazo para resolver la prisión preventiva a tres días. López Viñals defendió la medida, asegurando que “72 horas son suficientes para resolver sin demoras innecesarias” y que “solo en casos excepcionales” podría extenderse el plazo.

También se respaldó el sistema de revisión horizontal de los recursos, que permitirá una mayor democratización judicial. “Evita la concentración del poder en un solo órgano y mejora la confianza de la ciudadanía en la justicia”, sostuvo el magistrado.

La reforma refuerza el principio de oralidad y amplía el uso de la tecnología. Ovejero recordó que el plan piloto de audiencias orales, implementado en los últimos dos años y medio, arrojó resultados positivos. “Con 20 salas equipadas y listas, el sistema podría implementarse plenamente desde febrero”, adelantó.


Dictamen favorable y tratamiento legislativo

Tras el encuentro, las comisiones firmaron el dictamen favorable, dejando el proyecto en condiciones de ser tratado en las próximas sesiones del Senado.

Durante el debate, los senadores destacaron distintos aspectos del texto:

  • Soto valoró la importancia de acercar la justicia a la ciudadanía.
  • Mónico subrayó la transparencia e inmediatez que aportará el nuevo sistema.
  • Caro Dávalos y Cornejo remarcaron la necesidad de mantener la presencialidad en las audiencias para preservar el valor del lenguaje corporal.
  • Lapad reconoció “la valentía de la Justicia para impulsar una transformación profunda en beneficio de la sociedad salteña”.

Un cambio estructural en el sistema judicial

El nuevo Código Procesal Penal completará la transición hacia un sistema acusatorio y adversarial, donde el Ministerio Público Fiscal asumirá la investigación y la acusación, mientras que el juez se dedicará exclusivamente al juzgamiento, asegurando mayor imparcialidad.

Entre sus principales innovaciones se destacan:

  • Oralidad y grabación audiovisual de todas las audiencias.
  • Plazos diferenciados según la complejidad de las causas.
  • Uso de nuevas herramientas de investigación, como agentes encubiertos y acuerdos de colaboración.
  • Creación de una Oficina Judicial para optimizar la gestión administrativa.
  • Sistema de apelaciones horizontales para agilizar los recursos.
  • Audiencias remotas y virtuales que garanticen el acceso a la justicia en toda la provincia.

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