Entre septiembre y diciembre vencerán los últimos acuerdos firmados bajo la Ley 27.551. El mercado inmobiliario opera ahora con contratos más flexibles, mayor oferta de viviendas y actualizaciones pactadas entre propietarios e inquilinos.

El mercado de alquileres en Argentina atraviesa la etapa final de un profundo cambio iniciado tras la derogación de la Ley de Alquileres de 2020. Entre septiembre y diciembre de este año vencerán los últimos contratos alcanzados por ese régimen, dando paso definitivo a un esquema basado en la libre negociación entre las partes.
Mientras algunos inquilinos aún afrontarán en julio un incremento anual del 31,54% correspondiente al Índice para Contratos de Locación (ICL), ese mecanismo de actualización dejará de aplicarse a medida que expiren los convenios firmados antes de la entrada en vigencia del DNU 70/2023.
Según especialistas del sector, los nuevos contratos se caracterizan por una mayor flexibilidad. Hoy predominan acuerdos con revisiones trimestrales o cuatrimestrales, mientras que el Índice de Precios al Consumidor (IPC) se consolidó como la referencia más utilizada para actualizar los valores, especialmente en la Ciudad de Buenos Aires.
El cambio también modificó el funcionamiento del mercado inmobiliario. La mayor libertad para fijar plazos, modalidades de actualización y condiciones contractuales impulsó un fuerte crecimiento de la oferta de viviendas en alquiler, generando un escenario más competitivo.
De acuerdo con operadores inmobiliarios, la Ciudad de Buenos Aires pasó de registrar menos de 500 propiedades disponibles durante el período de mayor escasez a contar actualmente con alrededor de 17.000 inmuebles en oferta, lo que devolvió capacidad de negociación a los inquilinos.
En este contexto, los propietarios ya no solo compiten por el precio del alquiler. Las expensas adquirieron un peso determinante en la decisión de quienes buscan vivienda, ya que en muchos edificios representan entre el 40% y el 45% del valor mensual del alquiler.
Los especialistas coinciden en que el principal desafío del mercado dejó de ser la falta de oferta y pasó a centrarse en el poder adquisitivo de las familias, que continúa condicionado por el contexto económico.
Con la desaparición de los últimos contratos firmados bajo la antigua legislación, el mercado ingresará en una nueva etapa marcada por una mayor disponibilidad de inmuebles, acuerdos más flexibles y condiciones negociadas directamente entre propietarios e inquilinos.
Fuente: Infobae





