“Hay que pegarle al chancho para que aparezca el dueño”. Así podría resumirse el reciente giro del presidente Javier Milei sobre la cuestión Malvinas, después de que Estados Unidos comenzara a terciar en el conflicto por la explotación petrolera en aguas próximas a las islas.
Milei intenta mostrarse ahora como un defensor de la soberanía nacional. Pero sus palabras generan una pregunta inevitable: ¿se trata de una verdadera política soberana o de una maniobra para recuperar iniciativa política después de los reveses sufridos por su Gobierno?
El paralelismo con 1982 resulta inevitable. En aquel momento, la dictadura de Galtieri atravesaba una profunda crisis económica, social y política, y encontró en Malvinas una forma de recuperar apoyo popular. Hoy, cualquier utilización política de ese sentimiento nacional debería ser observada con especial cuidado.
Milei afirmó que “las Malvinas son argentinas por historia y por derecho” y anunció proyectos vinculados con la defensa y el Atlántico Sur, entre ellos, el fortalecimiento de la infraestructura militar en Tierra del Fuego.
Pero el problema no está en lo que el Presidente dice, sino en la distancia entre el discurso y los hechos.
Tres contradicciones
Primera: Milei presentó como un descubrimiento de su Gobierno que las petroleras Navitas y Rockhopper avanzarían con la explotación de petróleo en la zona de Malvinas. Sin embargo, esos proyectos ya habían sido anunciados públicamente e incluso contaban con cronogramas de producción. Por lo tanto, resulta difícil presentar esa información como un logro derivado de informes secretos.
Segunda: el Gobierno atribuyó a su política sobre Malvinas la decisión de grandes empresas internacionales de servicios petroleros de no participar en esas operaciones. Sin embargo, esas compañías no habían sido contratadas por Navitas y Rockhopper para las principales tareas de explotación. La relación causal que plantea el Gobierno, entonces, resulta cuestionable.
Tercera: mientras el Gobierno denuncia a determinadas empresas por sus vínculos con la explotación petrolera en Malvinas, otras compañías con actividades tanto en las islas como en la Argentina continúan operando sin recibir el mismo tratamiento. Entre los casos señalados aparecen Harbour Energy, Starlink, Bluewater e IRSA.
Aquí aparece la contradicción fundamental: si la defensa de la soberanía es realmente el objetivo, debería existir una política coherente y no una selección circunstancial de empresas a las cuales denunciar.
Soberanía y relato
La causa Malvinas no pertenece a Milei ni a ningún gobierno. Es una política de Estado y un sentimiento profundamente arraigado en la sociedad argentina.
La soberanía se defiende con una política exterior coherente, con presencia efectiva en el Atlántico Sur, con la protección de nuestros recursos naturales y con una estrategia sostenida frente al Reino Unido y las empresas que explotan recursos en la zona.
El desafío es determinar si estamos ante un cambio real en la política argentina sobre Malvinas o frente a un nuevo relato presidencial.
Porque las Malvinas son argentinas. Y, precisamente por eso, la causa merece algo más que oportunismo político: merece coherencia, memoria y una verdadera política de Estado.
