El ajuste fiscal impulsado por el gobierno de Javier Milei fue celebrado por los sectores más concentrados de la economía, beneficiados por la baja de impuestos y salarios. Sin embargo, este rumbo contradice varias de las promesas electorales y configura uno de los ajustes más profundos de la historia reciente, acompañado por una apertura comercial acelerada y por acuerdos de libre comercio que ponen en riesgo la producción nacional.
La supuesta “libertad económica” comenzó a mostrar sus límites. El desarme del régimen de promoción de Tierra del Fuego, la licitación del gasoducto perdida por Techint frente a una empresa extranjera y el impacto sobre sectores como la construcción evidencian un modelo que debilita el entramado productivo. Incluso el respaldo de la UIA al acuerdo Unión Europea–Mercosur implica resignar herramientas clave para el desarrollo industrial y el empleo argentino.
Mientras países como Estados Unidos protegen su industria frente a la competencia asiática, la Argentina avanza en sentido contrario. La estrategia del gobierno parece reducir al país a un simple proveedor de recursos naturales, una fórmula ya conocida en la región, con límites evidentes para generar trabajo, tecnología y divisas.
Defender la industria nacional no es nostalgia ni corporativismo: es defender empleo, soberanía económica y desarrollo. Sin una política activa que priorice qué producir, qué importar y qué sectores estratégicos proteger, la liberalización a ciegas solo profundizará la dependencia y cerrará las puertas a un futuro con justicia social.
