El dirigente político criticó la decisión del Gobierno provincial de recurrir a una iniciativa privada para determinar las deudas de las obras sociales con los hospitales públicos. Advirtió que la empresa podría cobrar hasta el 10% de los montos calculados y cuestionó la falta de controles.
El dirigente político salteño Nolverto Domingo Guerra lanzó duras críticas contra el Gobierno de Gustavo Sáenz por la aprobación del Decreto 618, que contempla una iniciativa privada destinada a determinar las deudas que las obras sociales mantienen con el Ministerio de Salud Pública de Salta.
Guerra cuestionó que la Provincia recurra a un privado para realizar una tarea que, según sostuvo, debería estar a cargo de los organismos estatales de control y de las áreas administrativas del propio Ministerio.
Uno de los principales cuestionamientos estuvo relacionado con el porcentaje que recibiría la firma encargada de realizar el trabajo. Según explicó, el ministro de Salud, Federico Mangione, habría planteado una remuneración de entre el 8% y el 10% sobre los montos determinados.
En ese sentido, Guerra señaló que, de acuerdo con las cifras mencionadas por el funcionario provincial, las obras sociales mantendrían deudas por alrededor de 110 mil millones de pesos correspondientes únicamente al ejercicio 2025.
A partir de esa estimación, el dirigente realizó una proyección sobre los últimos siete años de gestión provincial y advirtió que, si las deudas alcanzaran los 770 mil millones de pesos, una comisión del 10% representaría unos 77 mil millones. Sin embargo, se trata de un cálculo hipotético realizado por el entrevistado y no de una deuda total oficialmente confirmada.
«Eso es un robo, totalmente robo», expresó Guerra al cuestionar el posible costo de la contratación. También advirtió que, según su interpretación de la iniciativa, el privado podría percibir el porcentaje por determinar las deudas, independientemente de que las obras sociales efectivamente paguen esos montos.
Otro de los puntos señalados fue la ausencia de una licitación previa. Guerra sostuvo que la iniciativa fue presentada por Rubén Fortuny y cuestionó que, al momento de su aprobación, la empresa todavía no estuviera constituida, según su relato.
Asimismo, criticó el papel de los organismos provinciales encargados de supervisar la administración de los recursos públicos, entre ellos la Sindicatura General y la Auditoría General de la Provincia.
«¿Cómo es posible que el ministro diga que no pueden determinar cuánto debe cada obra social?», planteó el dirigente, al considerar que el Estado cuenta con profesionales y estructuras administrativas suficientes para realizar ese trabajo.
En otro tramo de la entrevista, Guerra apuntó directamente contra el gobernador Gustavo Sáenz y recordó que el decreto fue firmado por el vicegobernador Antonio Marocco mientras el mandatario provincial se encontraba en el exterior.
Para el dirigente, Sáenz debería revisar la medida y dejarla sin efecto si considera que perjudica los intereses económicos de la Provincia. Guerra aseguró que otra persona habría presentado una propuesta para realizar el mismo trabajo por una comisión del 6%, inferior al porcentaje mencionado durante la entrevista.
«Yo no tengo ninguna duda de que ese es un negociado», afirmó, al insistir en la necesidad de revisar la iniciativa y exigir explicaciones sobre el destino de los recursos públicos.
Las declaraciones reflejan los cuestionamientos del dirigente político, aunque la entrevista no incluye documentación que permita corroborar las condiciones definitivas de contratación, los porcentajes de remuneración ni las irregularidades denunciadas.
