El primer discurso oficial del presidente Javier Milei evocó al “gran argentino” Julio Argentino Roca, militar de extensa trayectoria y figura central de la historia oficial. Durante su gestión al frente del Poder Ejecutivo se llevó a cabo la llamada “Conquista del Desierto”, una campaña militar que implicó el exterminio de miles de integrantes de los pueblos originarios —mapuches, pampas, ranqueles y tehuelches— con el objetivo de apropiarse de las tierras del oeste bonaerense, La Pampa y Río Negro. Ese proceso fue clave para la creación del Estado-Nación argentino.
Un Estado que, desde sus inicios, se fundó sobre el exterminio y la exclusión de los pueblos originarios, y que poco tuvo que ver con los intereses de las mayorías populares, como las clases medias o la naciente clase obrera.
En 1885, una vez finalizada la Conquista del Desierto, Roca entregó 4.750.471 hectáreas a más de 541 propietarios, en su mayoría terratenientes argentinos y británicos. Para 1903, se sumaron otras 32.000.000 de hectáreas distribuidas entre 1.841 nuevos propietarios. Ya en 1913, apenas 2.000 terratenientes concentraban tierras equivalentes a la superficie conjunta de Italia, Bélgica, Holanda y Dinamarca.
Esta distribución de tierras consolidó la gran propiedad privada y afianzó a la oligarquía agraria ganadera, asociada al capital británico, como clase dominante.
El operativo y las denuncias
En este contexto simbólico, y bajo el nombre de Operación Julio Argentino Roca, unos 1.900 efectivos militares llegarán hoy a la ciudad de Tartagal, en el norte de Salta, como parte de una ampliación del Plan Güemes, destinado a reforzar el control en la frontera norte del país.
El operativo fue anunciado por el ministro de Defensa, Luis Petri, e impulsado por la ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich, con el respaldo del gobernador Gustavo Sáenz. Su implementación comenzó en diciembre de 2024 en San Ramón de la Nueva Orán y ahora se extiende a los departamentos San Martín y Rivadavia.
Desde su lanzamiento, organismos de derechos humanos de la provincia han alertado sobre el uso de políticas de seguridad como excusa para implementar medidas de represión y control social.
Partidos políticos progresistas y organizaciones sociales convocaron a una conferencia de prensa en la que advirtieron que, “bajo el pretexto de una guerra contra el narcotráfico, se busca profundizar la represión y el control social, en el marco de un brutal ajuste contra el pueblo”. También denunciaron que el decreto 1112/24, del Sistema de Defensa Nacional, autoriza a las Fuerzas Armadas a realizar aprehensiones transitorias de personas en situación de flagrancia, una medida que consideran inconstitucional.
“No es la primera vez que se aplican este tipo de medidas. Ya las vimos en 2001, cuando Gendarmería Nacional reprimió y asesinó a cinco trabajadores del movimiento piquetero en el norte del país. Dos de ellos —Fernando Gómez, de Salta, e Ivo Torres, de Jujuy— murieron a manos de la Gendarmería en el marco de un operativo encuadrado también en el Plan Güemes, en Orán”, recordaron los denunciantes.
Además, señalaron que “la supuesta lucha contra el narcotráfico es una estafa”, dado que está atravesada por vínculos con policías, jueces, gendarmes e intendentes. A su vez, remarcaron que el gran tráfico se concreta principalmente por vía aérea y que el Estado, a través de mecanismos de blanqueo, permitió la legalización del dinero proveniente del narcotráfico.
En Salta, apuntaron contra el gobierno provincial, al que acusan de “garantizar la impunidad” del exsecretario de Seguridad, Benjamín Cruz, señalado por sus presuntos vínculos con sicarios y jefes narcos del norte provincial.
Militarización y silencios oficiales
Las organizaciones que participaron de la conferencia precisaron que con la llegada de las Fuerzas Armadas a Tartagal, el número de efectivos en el norte superará los 10.000, incluyendo miembros del Ejército, Gendarmería, Prefectura y la Fuerza Aérea. De ellos, al menos 1.300 permanecerán de forma permanente en las zonas de intervención. Indicaron también que el despliegue alcanzará a las provincias de Salta, Jujuy, Formosa, Misiones y Corrientes.
El área de operaciones se extenderá a Tartagal, Aguaray, Salvador Mazza, Santa Victoria Este y Misión La Paz, en el extremo noreste de la provincia, en el límite con Paraguay.
Especialistas, como el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), cuestionan esta decisión del gobierno nacional, ya que contradice las leyes de Defensa Nacional y de Seguridad Interior. Incluso el senador nacional Sergio Leavy presentó un proyecto para rechazar la presencia militar en zonas fronterizas.
Mientras tanto, el gobierno de la provincia no ha brindado información precisa sobre la ejecución del operativo. La semana pasada emitió un parte de prensa anunciando la llegada de refuerzos militares a Tartagal y Salvador Mazza, pero fue eliminado a pedido del ministro de Defensa, quien tampoco ofreció mayores precisiones, aunque aseguró que “la Ley de Seguridad Interior no impide la intervención de las Fuerzas Armadas”.
Organismos de derechos humanos y partidos políticos insisten en que el decreto presidencial 1112/24 es ilegal, ya que “viola leyes fundamentales como la Ley de Defensa, la Ley de Inteligencia y la Ley de Seguridad Interior”. Denunciaron que “con un decreto inconstitucional, se abre la puerta para el uso de las Fuerzas Armadas en la represión interna”.
¿Cuánto cuesta una ocupación militar?
Finalmente, ante la presencia de casi 2.000 militares, las organizaciones plantearon la necesidad de transparentar los costos de la operación: viáticos, mantenimiento de combustible, adecuación de servicios de salud, logística y sostenimiento de una fuerza de ocupación permanente. Advirtieron sobre los peligros de comprometer a las Fuerzas Armadas en tareas internas, como ya ocurrió en Colombia y Ecuador, donde los ejércitos quedaron involucrados en redes de corrupción y narcotráfico.
