Mientras médicos de cabecera y odontólogos iniciaron una medida de fuerza de 72 horas en reclamo de mejoras en sus ingresos, el organismo afirmó que la atención continúa desarrollándose con normalidad en gran parte del país.
El conflicto entre el PAMI y un sector de los médicos de cabecera y odontólogos sumó un nuevo capítulo este lunes con el inicio de un paro nacional de 72 horas. Sin embargo, desde la obra social de los jubilados aseguraron que la adhesión a la medida es reducida y que la atención a los afiliados se desarrolla con normalidad en la mayoría de las prestaciones.
La protesta fue convocada por profesionales que reclaman una recomposición de los ingresos que perciben por la atención de los afiliados. Según sostienen, los valores actuales resultan insuficientes frente al aumento de los costos y la inflación acumulada.
Frente a esta situación, el PAMI salió a transmitir tranquilidad a los beneficiarios y aseguró que la mayor parte de los médicos continúa prestando servicios con normalidad.
Desde el organismo señalaron que durante la semana pasada se dispuso una actualización en el valor de la cápita que reciben los médicos de cabecera, la cual pasó de 2.100 a 2.400 pesos por afiliado, con retroactividad al mes de mayo.
Además, remarcaron que continúan abiertas las instancias de diálogo con las entidades que representan a los profesionales de la salud para intentar alcanzar acuerdos que permitan superar el conflicto.
Las autoridades del PAMI sostienen que la medida de fuerza es impulsada por un sector minoritario y aseguran que se encuentran trabajando para garantizar la continuidad de la atención médica en todo el país.
El paro, que se extenderá durante tres días, genera preocupación entre miles de jubilados y pensionados que dependen de la obra social para sus consultas médicas habituales. No obstante, desde el organismo insistieron en que la prestación de servicios se mantiene operativa y que los afiliados podrán continuar accediendo a la atención programada en la mayoría de los casos.
El conflicto se produce en medio de una creciente discusión sobre el financiamiento del sistema de salud y las condiciones de trabajo de los profesionales que brindan atención a los afiliados del PAMI, una de las obras sociales más importantes de la Argentina.
