La principal preocupación social frente al Presupuesto 2026 no es solo el ajuste que oculta, sino la forma en que fue construido: sobre datos que no resisten el menor contraste con la realidad. El Gobierno nacional volvió a apelar a números dibujados para sostener un relato de estabilidad que no existe ni en la calle ni en la economía real.
La proyección de una inflación del 10,1 % para 2026 resulta inverosímil. El propio 2025 cerraría con una inflación acumulada cercana al 30,5 %, seis puntos por encima de lo que el oficialismo había previsto. Es decir, el año próximo ya nace con un desfasaje evidente. El REM del Banco Central estima una inflación del 19,6 % y las consultoras privadas la ubican aún más arriba, dejando al descubierto la inconsistencia del discurso libertario.
A esto se suma un frente externo crítico: reservas netas negativas por unos 16.000 millones de dólares, muy lejos de las metas acordadas con el FMI, lo que obliga al Gobierno a pedir nuevos “perdones” mientras crecen los vencimientos de deuda. Con una actividad económica débil y riesgo de recesión, el optimismo oficial no es solo irresponsable: es socialmente peligroso. Porque detrás de cada dato falso hay un ajuste real que termina pagando el pueblo.
