Mientras el Senado se encamina a tratar la reforma laboral impulsada por el gobierno de Javier Milei, queda cada vez más claro que no se trata solo de un debate sobre derechos laborales. Lo que está en juego es un modelo de país que descarga el ajuste sobre los trabajadores y sobre las provincias, debilitando el federalismo y concentrando recursos en el poder central.
Los números son contundentes. La coparticipación federal, que explica el 92% de los envíos a las provincias, se desplomó un 8% real, arrastrada por la fuerte caída del IVA (-11,8%), un dato que refleja el derrumbe del consumo popular.
Salta aparece con una baja menor (-4,3% real), pero lejos de ser una buena noticia. Los $220.572 millones recibidos en enero quedan licuados por la inflación, mientras crecen las demandas sociales, se paralizan obras y se deterioran las rutas nacionales. No hay alivio: hay un ajuste perverso con rostro provincial.
La reforma laboral agrava este escenario. El capítulo tributario, que incluye una posible reducción del Impuesto a las Ganancias a sociedades, encendió las alarmas de los gobernadores. Esa medida impactaría de lleno en la masa coparticipable a partir de 2027. En la Casa Rosada lo admiten sin rodeos: si no hay concesiones, ese artículo no pasa. A cambio, ofrecen parches como los ATN, discrecionales y condicionados.
En Salta, Gustavo Sáenz mantiene una posición ambigua. Por un lado, advierte que el norte no resignará recursos y que una baja de Ganancias “golpearía fiscalmente” a las provincias. Por otro, acordó con el ministro del Interior, Diego Santilli, el respaldo a la reforma laboral, aportando votos en Diputados y en el Senado. Se habla de diálogo, pero el ajuste avanza sin piedad.
La senadora Flavia Royón expresó sus diferencias y firmó dictamen en disidencia, aunque el oficialismo asegura contar con más de 40 votos para blindar la ley. Esa tensión refleja el fondo del problema: una reforma que no moderniza, sino que precariza, reduce derechos y traslada el costo del ajuste a las provincias y al pueblo trabajador.
La discusión real no es técnica ni jurídica, es política. ¿Quién paga la crisis? ¿Los trabajadores, las provincias y el interior profundo, o los grandes grupos económicos beneficiados por este modelo? Frente a una reforma que avanza sin debate real y con negociaciones a puertas cerradas, la respuesta no puede ser burocrática ni tibia: la resistencia debe ser militante, federal y popular.
