La discusión sobre la reforma laboral está en el centro del debate político y social. El gobierno de Javier y Karina Milei impulsa un proyecto que, bajo el discurso de la “modernización”, podría hacer retroceder décadas en derechos conquistados por las y los trabajadores.
El DNU 70/2023, frenado por la Justicia, y el capítulo laboral de la Ley Bases ya habían abierto la puerta a despidos discriminatorios. Ahora, los nuevos puntos incluyen la extensión de la jornada laboral, la flexibilización de los convenios y mayores restricciones al derecho de huelga. Medidas que, lejos de generar empleo, benefician al gran empresariado y al Fondo Monetario Internacional.
Estas reformas solo traen precarización, pérdida de derechos y debilitamiento sindical. Los gremios advierten que la única forma de frenar este avance es con unidad: trabajadores formales, precarizados y desocupados junto a movimientos sociales, de mujeres y diversidades.
Aunque el proyecto aún no ingresó al Congreso, sus lineamientos ya apuntan a reforzar el poder patronal en la relación individual, limitar la huelga, poner trabas a las asambleas e impulsar una negociación descentralizada por empresa o provincia, por encima de los convenios nacionales.
El objetivo final es debilitar el financiamiento y la fuerza de los sindicatos. Hoy existen convenios por empresa, pero dentro de un esquema que garantiza un piso mínimo general. Lo que se busca ahora es permitir que esos acuerdos perforen los mínimos sectoriales, fragmentando la negociación y el poder de los trabajadores.
Las nuevas trampas patronales
El Banco de Horas, ya previsto en la ley, permite promediar jornadas por acuerdos colectivos. Pero si los límites quedan en manos del empleador, la vida del trabajador se subordina a la producción, afectando el tiempo de estudio, la familia o el descanso.
El concepto de salarios dinámicos, sin base legal ni doctrinaria, reemplaza componentes fijos —básico, antigüedad, adicionales— por variables atadas a la productividad o a la evaluación. En los hechos, precariza los ingresos y somete al empleado a la discreción del jefe.
Bajo la bandera de la “modernización”, el gobierno impulsa una ofensiva para desarticular derechos, debilitar sindicatos y fragmentar la organización laboral. Si avanza, marcará uno de los mayores retrocesos sociales de las últimas décadas.
