Por años, Juan Carlos Romero fue sinónimo de poder en Salta. Gobernador durante doce años consecutivos (1995-2007) y senador nacional desde entonces, fue artífice de una estructura política que combinó concentración de poder, clientelismo y una eficaz dosis de propaganda, cimentada en obras públicas visibles. Hoy, tras anunciar que no buscará renovar su banca en el Senado, queda la pregunta: ¿cuál será el legado y el futuro del último gran caudillo neoliberal del norte?
Romero llegó a la gobernación con un proyecto claro: desmantelar el Estado salteño. Privatizó el Banco Provincial, entregó el servicio de agua potable, concesionó la energía, la terminal, los juegos de azar y hasta los hospitales. Redujo la planta estatal con más de 4.500 cesantías en su primer año de gobierno. El ajuste fue tan brutal como quirúrgico: se despidieron empleados con 20 años de servicio y el Estado pasó a ser un instrumento del mercado, y no del pueblo.
Sin embargo, en paralelo al vaciamiento institucional, el romerismo reformó la Constitución provincial para habilitar su reelección en un tercer mandato y desarrolló una maquinaria de obra pública como herramienta de legitimación. El estadio Delmi, el aeropuerto Martín Miguel de Güemes, la remodelación del centro salteño, los museos y la promoción turística convirtieron a Salta en una postal moderna. Pero esa postal escondía una provincia empobrecida, con más del 70 % de la población bajo la línea de pobreza, en particular en los barrios periféricos de la ciudad y en el interior provincial. Así fue el final de su mandato.
Durante más de dos décadas, Romero tejió redes de poder que se infiltraron en la Justicia, los medios, el empresariado local y nacional. Parte central de ese entramado fue su rol como dueño del diario El Tribuno, el periódico de mayor circulación en la provincia. Desde allí, controló el discurso público y, a través de la pauta oficial —tanto provincial como municipal y nacional—, sostuvo un modelo de propaganda y blindaje político.
Ningún gobernador que lo sucedió fue mezquino con la pauta oficial hacia El Tribuno, y menos aún cuando su hija, Bettina Romero, fue intendenta de la ciudad de Salta: allí también los recursos públicos fluyeron al medio familiar sin interrupciones. Incluso durante el gobierno de Mauricio Macri, los fondos nacionales también alimentaron el esquema mediático del romerismo.
No debe olvidarse que Romero no fue solo un actor local. En 2003 integró la fórmula presidencial del menemismo como candidato a vicepresidente de Carlos Menem, una sociedad política que selló su identidad ideológica: la del neoliberalismo duro, privatizador y de concentración económica, que terminó de reafirmar que Salta es una “provincia conservadora”.
Tampoco es casual que su renuncia a la reelección llegue en medio de un contexto nacional donde el poder tradicional se reconfigura y su propio partido, el romerismo, se diluye sin sucesores claros. La retirada se da, además, con un silencio estratégico frente a las causas judiciales que lo rodean. Está imputado en procesos por enriquecimiento ilícito, apropiación de tierras fiscales —como el caso “La Ciénaga”— y manejo fraudulento del patrimonio público. La Justicia Federal lo procesó en 2015, y desde entonces su situación quedó congelada en una especie de limbo procesal: ni condenado ni absuelto, pero cada vez más expuesto.
La pregunta es si su salida del Senado será solo una pausa o el inicio del verdadero ocaso. ¿Podrá Romero replegarse a sus negocios y a su círculo de poder sin que la Justicia lo alcance? ¿O el retiro del cargo le quitará la protección política que lo blindó durante décadas?
El país vive un ciclo de ajuste feroz y deslegitimación de las estructuras tradicionales. La figura de Romero, que encarna el menemismo provincial en estado puro, ya no seduce como antes. Pero tampoco está claro si su legado será revisado o continuará siendo protegido por pactos de impunidad entre viejos y nuevos actores del poder.
Quizás el cemento y el mármol que dejó en su gestión sobrevivan más que su figura política. Pero el verdadero saldo de su paso por el poder no está en las obras, sino en las oportunidades perdidas, en los miles de familias arrojadas al desempleo y en la impunidad con la que se movió por más de treinta años.
Romero no se va. Se retira, pero sigue siendo parte del sistema que ayudó a construir. El final está abierto. Y Salta, como tantas otras veces, será escenario de una disputa entre memoria e impunidad: un legado marcado por el cemento, el silencio y las causas judiciales.
