El Partido Justicialista de San Juan cuestionó con dureza el proyecto de Ley de Modernización Laboral impulsado por el Gobierno nacional. A través de una declaración del Consejo Provincial, el PJ expresó su “firme y categórica oposición” y pidió a los legisladores nacionales por la provincia que rechacen la iniciativa al momento de votar en el Congreso.
Desde el justicialismo sanjuanino advirtieron que la propuesta oficial “no promueve empleo genuino ni desarrollo productivo”, sino que avanza sobre derechos conquistados históricamente por los trabajadores. Entre los principales puntos cuestionados mencionaron la reducción de indemnizaciones, la ampliación de los períodos de prueba, la flexibilización de los vínculos laborales, jornadas más extensas sin reconocimiento adecuado y modalidades de pago que, según indicaron, “terminan degradando el salario”.
“No es modernizar, es precarizar”, remarcaron en el documento, al tiempo que señalaron que “no hay progreso posible si se construye sobre la pérdida de derechos y la incertidumbre de quienes viven de su trabajo”.
El Consejo Provincial también puso el acento en la tradición doctrinaria del peronismo en materia laboral. Recordaron que el justicialismo concibe al trabajo como el principal factor de integración social, movilidad ascendente y estabilidad democrática, citando a Juan Domingo Perón, quien ubicó al trabajador “en el centro de la organización social”.
Otro de los ejes del pronunciamiento fue la falta de debate público. Desde el PJ sostuvieron que la reforma no fue explicada con claridad a la sociedad y que no existió un proceso serio de diálogo con especialistas en derecho laboral, organizaciones sindicales, empresarios ni autoridades de la Secretaría de Trabajo.
Según detallaron, el proyecto contempla alrededor de 60 modificaciones a la Ley de Contrato de Trabajo. Para el justicialismo sanjuanino, esos cambios debilitan a las organizaciones sindicales, afectan el derecho de huelga y la libertad sindical, impactan sobre la negociación colectiva y vulneran el principio protectorio del derecho laboral. Además, afirmaron que la iniciativa altera regímenes de vacaciones e indemnizaciones sin resolver el problema de la informalidad.
En ese marco, consideraron “erróneo” sostener que la modernización laboral generará empleo. Argumentaron que el derecho laboral regula relaciones de trabajo existentes y que la creación de puestos depende de un plan económico-productivo integral que —según indicaron— “todavía no se vislumbra tras más de dos años de gestión”.
Finalmente, el PJ destacó que en San Juan, bajo administraciones justicialistas, fue posible promover empleo privado, desarrollo productivo y orden fiscal sin resignar derechos. En contraposición a lo que definieron como “recetas de ajuste”, defendieron un Estado presente que acompañe a las pymes, a las economías regionales y a las familias.
“El peronismo no acepta falsas soluciones que degradan el trabajo y dilapidan la esperanza de las familias argentinas”, concluye el documento, en el que ratifican su apuesta por la producción, la dignidad y la inclusión social.
