El oficialismo busca cerrar el frente judicial por el financiamiento universitario con una nueva norma que contempla mejoras salariales y presupuestarias, aunque por debajo de la inflación. Gremios ya anticipan rechazo.
En un nuevo intento por encauzar el conflicto con el sistema universitario, el gobierno de Javier Milei avanza en el Congreso con un proyecto de ley de financiamiento que apunta a reemplazar parcialmente la normativa vigente y desactivar la disputa judicial abierta por su incumplimiento.
La iniciativa, presentada en la Cámara de Diputados de la Nación Argentina, surge luego de que el oficialismo no lograra derogar la ley aprobada por la oposición el año pasado. Ante ese escenario, la estrategia viró hacia la negociación con las universidades, en especial con el Consejo Interuniversitario Nacional, que agrupa a los rectores de todo el país.
Según trascendió, el proyecto cuenta con respaldo inicial de sectores de la Universidad de Buenos Aires, donde consideran que la nueva norma podría garantizar previsibilidad en el financiamiento, en medio de la incertidumbre judicial. Sin embargo, el apoyo no es unánime y se mantiene en un delicado equilibrio.
Uno de los puntos más controvertidos es el esquema de recomposición salarial. A diferencia de la ley vigente, que obliga a recuperar lo perdido frente a la inflación desde diciembre de 2023, la propuesta oficial solo contempla compensaciones correspondientes a 2025. El aumento se distribuiría en tres tramos del 4,1% y no incluye una actualización automática atada al índice inflacionario.
En materia presupuestaria, el proyecto también introduce cambios sustanciales. Mientras la normativa actual exige recomponer partidas afectadas por la inflación en los últimos años —incluyendo áreas sensibles como ciencia, técnica y hospitales universitarios—, la nueva iniciativa limita las actualizaciones a 2026 y solo en caso de que la inflación supere el 14,5% previsto en el presupuesto.
No obstante, el texto incorpora una partida adicional superior a los 80 mil millones de pesos destinada al sistema de salud universitario, un aspecto que no estaba contemplado en la ley vigente y que el oficialismo presenta como un gesto hacia las casas de estudio.
El avance del proyecto se da en la antesala del inicio del ciclo lectivo y en un contexto de alta tensión con la comunidad educativa. Mientras los rectores muestran disposición al diálogo para garantizar recursos, los gremios docentes y no docentes ya anticiparon medidas de fuerza en rechazo a una propuesta que consideran insuficiente.
Así, el Gobierno busca consolidar un nuevo triunfo legislativo tras la reciente aprobación de su reforma laboral, aunque el frente universitario sigue abierto y con un desenlace aún incierto.
