El matrimonio integrado por Manuel Adorni y Bettina Angeletti quedó envuelto en una polémica que trasciende el plano personal y proyecta interrogantes sobre el propio gobierno de Javier Milei. En el centro de la discusión aparece la utilización del régimen de «inocencia fiscal», una herramienta impulsada por el oficialismo para regularizar bienes y activos no declarados.
La controversia se profundizó luego de que trascendieran datos vinculados a la evolución patrimonial del vocero presidencial, lo que abrió cuestionamientos sobre el alcance real del beneficio y sobre quiénes terminan siendo sus principales beneficiarios.
La lista de adherentes al régimen incluye a figuras destacadas del oficialismo y del entorno libertario, entre ellas Federico Sturzenegger, Andrés Vázquez, Juan Pazo, Fernando Iglesias, Alberto Benegas Lynch, Antonio Aracre, Felipe Núñez, José Luis Espert, Guillermo Francos, Aimée Ayelén Vázquez y Santiago Oría, además de varios periodistas identificados con el espacio gobernante.
La magnitud de las adhesiones alimentó las sospechas de quienes consideran que la medida podría haber sido utilizada no solo para incentivar inversiones, sino también para brindar cobertura política y fiscal a sectores cercanos al poder.
En el caso de Adorni, uno de los puntos bajo análisis es la declaración de activos digitales. Si bien el régimen permite acreditar la tenencia actual de determinados bienes, persisten interrogantes sobre el momento de adquisición de esos activos y sobre el origen de los fondos utilizados para comprarlos.
La paradoja resulta evidente para muchos observadores. Un gobierno que llegó al poder prometiendo terminar con los privilegios de la política enfrenta ahora cuestionamientos porque varios de sus funcionarios aparecen vinculados a beneficios estatales, programas de regularización patrimonial, créditos oficiales y otras decisiones que generan controversia pública.
Más allá de las responsabilidades legales que eventualmente puedan determinar los organismos competentes, el debate ya ingresó de lleno en el terreno político. Para los críticos del Gobierno, estas situaciones debilitan el discurso de transparencia que caracterizó a la gestión libertaria y contribuyen al desgaste de la imagen presidencial.
