Un informe interinstitucional reveló dificultades en el seguimiento de personas con consumos problemáticos. Aunque existen organismos que detectan casos y brindan asistencia, la provincia no cuenta con un sistema integrado que permita conocer si los afectados acceden a un tratamiento y logran sostenerlo.
Un relevamiento de la Coordinación Interministerial de Prevención y Abordaje de Consumos Problemáticos (CIPAC) expuso importantes dificultades en el sistema de atención de Salta. El informe, elaborado con datos de 2025 y 2026, advierte que los organismos provinciales detectan situaciones vinculadas al consumo de alcohol y drogas, pero no cuentan con mecanismos suficientes para verificar qué sucede con las personas después de una consulta o derivación.
Uno de los datos más preocupantes surge de los registros de Atención Primaria de la Salud (APS). Durante la segunda ronda de 2026 se identificaron 2.881 familias con situaciones de abuso de alcohol, de las cuales solo 41 tenían un tratamiento consignado, equivalente al 1,42%.
En cuanto al consumo de drogas ilegales, se detectaron 1.887 familias, pero únicamente 36 figuraban con tratamiento registrado, es decir, el 1,91%.
Sin embargo, el informe aclara que la ausencia de un tratamiento en los registros no significa necesariamente que esas personas no estén recibiendo asistencia. El problema radica en que el Estado no dispone de información integrada para comprobarlo.
La cobertura sanitaria no alcanza a toda la provincia
El relevamiento también identificó diferencias importantes en la cobertura de los agentes sanitarios.
Durante el primer semestre de 2026, el sistema alcanzaba a 577.072 habitantes, lo que representa el 42,5% de la población provincial considerada en el informe.
La situación más crítica se registra en Salta Capital, donde la cobertura apenas llega al 9,9%, a pesar de concentrar aproximadamente el 42% de los habitantes de la provincia.
En otras regiones, los niveles de cobertura son considerablemente superiores: 65,2% en el Sur, 66,2% en el Norte y 69,2% en el Oeste.
Estas diferencias dificultan la detección temprana de situaciones de consumo problemático y muestran que una menor cantidad de casos registrados no necesariamente implica una menor demanda de atención.
El 911 intervino en más de 2.800 situaciones de salud mental y consumos
Entre julio de 2025 y junio de 2026, el Servicio de Psicología del 911 realizó 2.836 intervenciones relacionadas con situaciones de salud mental y consumos problemáticos.
El equipo, integrado por cinco profesionales, atendió un promedio de 236 situaciones mensuales, equivalente a casi ocho por día.
Según el relevamiento, cerca del 20% de las intervenciones terminó con el rechazo de una derivación o la inasistencia al turno propuesto.
El informe señala que no existen registros suficientes para determinar por qué esas personas no continuaron con la atención ni si posteriormente accedieron a un tratamiento por otra vía.
Esta falta de seguimiento también se observa en hospitales y centros de salud, donde los consumos problemáticos pueden aparecer asociados a emergencias, internaciones u otras consultas sin quedar identificados de manera específica.
Siete dispositivos especializados, pero sin datos suficientes sobre su capacidad
Salta cuenta con siete dispositivos específicos para abordar consumos problemáticos, distribuidos en seis localidades.
Entre ellos se encuentran el CEDIT, en Capital; Tinku, en Orán; y Puente Norte, en Tartagal, que informaron cobertura de los tres niveles de atención.
Sin embargo, el relevamiento advierte que no existe información comparable sobre la cantidad de cupos disponibles, los tiempos de espera, la duración de los tratamientos o la continuidad de los pacientes.
Esta situación impide determinar con precisión si los servicios disponibles son suficientes para responder a la demanda de cada región.
La falta de coordinación entre organismos dificulta el seguimiento
Otro de los principales problemas identificados es la ausencia de un sistema común entre las áreas de Salud, Educación, Desarrollo Social y Seguridad.
Cada organismo registra información diferente: los agentes sanitarios contabilizan familias, los hospitales registran consultas, el 911 documenta intervenciones y las fuerzas de seguridad reúnen denuncias o actuaciones.
No obstante, esos datos no están conectados entre sí, por lo que resulta difícil reconstruir el recorrido de una persona desde la primera detección hasta el inicio, la continuidad o la finalización de un tratamiento.
El informe también advierte que existen obstáculos económicos y sociales que pueden dificultar el acceso a la atención, como la distancia, los costos de transporte, los horarios laborales y las responsabilidades familiares.
El desafío de garantizar la continuidad de los tratamientos
El relevamiento concluye que el principal problema no es necesariamente la ausencia de servicios, sino la falta de coordinación y seguimiento entre los organismos que intervienen.
Por este motivo, propone fortalecer la cobertura sanitaria, especialmente en Salta Capital, incorporar formalmente a Educación y Desarrollo Social al circuito de seguimiento y establecer criterios comunes para registrar la información.
También plantea la necesidad de proteger los datos personales de quienes reciben asistencia y mejorar los mecanismos de evaluación de las políticas públicas.
Los resultados muestran que detectar una situación de consumo problemático no garantiza que la persona llegue a recibir atención. Para mejorar la respuesta del Estado, el desafío será conectar los servicios existentes y comprobar que los tratamientos puedan iniciarse y sostenerse en el tiempo.
Fuente: Informe interinstitucional de situación, análisis integrado y propuestas de política pública sobre salud mental y consumos problemáticos, CIPAC, relevamiento 2025-2026.
